ALFREDO VARGAS ORTIZ
Abogado y Docente, Universidad Surcolombiana
Doctor en Derecho, Universidad Nacional de Colombia
En un país con profundas deudas sociales y múltiples promesas incumplidas por parte de distintos sectores de la economía —cafeteros, arroceros, transportadores, trabajadores de la salud, de la educación, entre otros—, resulta comprensible que se exija el respeto y la garantía del derecho a la protesta social. Gracias a este derecho, se han logrado importantes transformaciones sociales y la reivindicación de derechos fundamentales en Colombia.
Sin embargo, la protesta social tiene límites. En particular, los bloqueos de las vías públicas se han convertido en un mecanismo que desborda el ejercicio legítimo de este derecho, generando graves afectaciones a otros sectores de la economía que se encuentran en procesos de recuperación. Es difícil pensar en fomentar el turismo, generar empleo de calidad o garantizar el acceso a la salud y la educación de millones de ciudadanos, cuando se bloquean las principales vías del país.
El derecho a la protesta no puede prevalecer sobre otros derechos fundamentales como la libre circulación, la salud, la educación y el trabajo. Si bien es legítimo que las inconformidades ciudadanas sean canalizadas por las autoridades competentes, y que las personas puedan manifestarse, medidas como los bloqueos resultan desproporcionadas. Estos afectan de manera directa a la mayoría de los ciudadanos, al punto de restringir su movilidad e incluso recurrir a la violencia contra quienes se niegan a acatar estas medidas. En muchos casos, sus promotores, lejos de buscar el diálogo, amenazan a través de los medios de comunicación con radicalizar sus acciones si el gobierno no accede a sus exigencias.
En un Estado Social de Derecho, los derechos deben ser ponderados y no pueden imponerse unos sobre otros. Las pérdidas derivadas de los bloqueos muchas veces superan los beneficios que puede obtener un sector específico mediante la negociación. Es hora de comprender que, aunque la lucha por los derechos es legítima y prolongada, no puede continuar afectando a otros sectores sociales y económicos que, de buena fe, aportan al desarrollo del país.
Ha llegado el momento de tomar conciencia y actuar en consecuencia, respetando los derechos de toda la sociedad. Asimismo, es necesario exigir tanto al gobierno como a los sectores movilizados que recurran a formas de presión distintas a los bloqueos, que como se sabe, perjudican a personas ajenas a las causas de la protesta.
Resulta fundamental avanzar en una regulación del derecho a la protesta que priorice el diálogo y la negociación inmediata con los distintos actores sociales y económicos, pero que también garantice el respeto a los derechos de los demás. Como bien se ha dicho, los derechos de una persona terminan donde comienzan los de los otros. Solo así podremos avanzar hacia la superación de la pobreza, la reducción de las desigualdades sociales y la consolidación del desarrollo social y empresarial que tanto necesita nuestro país.
