De acuerdo con la entidad, el debate de la salud debe centrarse sobre las deficiencias del sistema de salud y no alrededor de las diferencias entre el Gobierno y los privados.
DIARIO DEL HUILA, SALUD
En Colombia, el debate sobre el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), uno de los pilares financieros del sistema de salud, ha desatado una serie de tensiones políticas y económicas. Este monto anual, que el Gobierno otorga a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), se encuentra en el centro de una disputa que enfrenta la propuesta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que demanda un aumento del 16,9%, y la decisión del Gobierno de incrementar solo un 5,36%.
La Asociación Colombiana de Salud Pública (ACSP) ha señalado que este desacuerdo no debe centrarse exclusivamente en las diferencias entre el Gobierno y los actores privados, sino en las deficiencias estructurales del sistema de salud que, a su juicio, siguen siendo el núcleo de la problemática. La ACSP resalta que el sistema de salud, regulado por la Ley 100 de 1993, ha fallado al anteponer el enfoque de mercado y la rentabilidad financiera sobre los derechos en salud de los ciudadanos.
“Es fundamental que el debate se enfoque en las fallas estructurales, y no en las diferencias entre Gobierno y privados. Las presiones financieras y los problemas de calidad de la información evidencian la necesidad de una reforma profunda”, sostiene la ACSP.
Problemas estructurales que afectan la salud de los colombianos
La crisis de las EPS es uno de los mayores retos del sistema de salud colombiano. La administración irregular de los recursos, sumada a la acumulación de deudas y la pérdida de credibilidad institucional, ha puesto en evidencia la fragilidad del modelo actual. Entre los problemas más graves, la ACSP destaca los siguientes:
- Barreras de acceso a los servicios: Los afiliados enfrentan obstáculos administrativos, económicos y geográficos que dificultan la atención médica oportuna.
- Condiciones laborales precarias: Los trabajadores del sector salud sufren condiciones laborales desfavorables, con tarifas insuficientes que afectan la calidad del servicio y la estabilidad de los profesionales de la salud.
- Deudas acumuladas: Las EPS no han cumplido con sus pagos a los prestadores de servicios, lo que ha generado un entorno de incertidumbre financiera en el sector.
- Crisis hospitalaria: Los hospitales públicos están en desventaja frente a las EPS privadas, que a menudo discriminan en sus contrataciones y acceso a servicios.
- Gestión de datos deficiente: Persisten problemas como registros erróneos, beneficiarios fallecidos en las bases de datos y pagos indebidos.
- Concentración económica: Grandes conglomerados han tomado control del sistema, integrando aseguradoras, hospitales y proveedores de insumos, lo que agrava la desigualdad en la atención.
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El aumento de la UPC: ¿Una medida suficiente?
Aunque el incremento de la UPC propuesto por el Gobierno, alineado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es legal, la ACSP considera que es una medida insuficiente para solucionar los problemas estructurales del sistema. En su lugar, la entidad aboga por una reforma integral que garantice que la salud sea tratada como un derecho fundamental y no como una mercancía.
“La UPC no puede seguir siendo calculada con los mismos parámetros de los últimos 30 años. Necesitamos un cambio hacia un sistema de salud más equitativo y sostenible”, afirman desde la ACSP.
Propuestas de reforma: Hacia un modelo más justo y eficiente
En su llamado a la reforma, la ACSP propone varias medidas clave, entre ellas:
- Modernización de los sistemas de información: Para mejorar la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos del sector salud, es crucial implementar sistemas interconectados que permitan una mejor gestión financiera.
- Transformación del modelo de atención: La ACSP sugiere pasar de un modelo centrado en la atención reactiva a uno preventivo, que garantice una cobertura de salud integral y equitativa para las zonas urbanas y rurales.
- Revisión de la UPC: Se plantea que el cálculo de la UPC contemple características territoriales, como el porcentaje de aumento del salario mínimo y las condiciones de vulnerabilidad de ciertas regiones. Además, se busca eliminar la intermediación por parte de actores privados, lo cual aumentaría la eficiencia y cercanía del sistema con las comunidades.
- Formalización laboral: La mejora de las condiciones laborales de los profesionales de la salud y la creación de un sistema de remuneración adecuado es otra prioridad en la reforma propuesta.
Un llamado al diálogo y a la colaboración internacional
Finalmente, la ACSP, junto con otras organizaciones del sector, como la Federación Médica Colombiana y la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado, ha enfatizado la necesidad de establecer mesas de diálogo técnico y político. Estas mesas deben incluir a todos los actores del sistema de salud, con el objetivo de llegar a acuerdos que permitan rediseñar el modelo de salud en Colombia.
El respaldo de organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), es considerado fundamental para garantizar que los cambios se alineen con los estándares internacionales de salud y contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El aumento de la UPC y la actual crisis del sistema de salud son solo síntomas de un problema mucho más profundo y estructural que afecta a la población colombiana. Si bien el incremento en la UPC puede aliviar algunas presiones inmediatas, se requiere una reforma integral que garantice un sistema de salud más equitativo, eficiente y accesible para todos los colombianos.
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