Editorial
Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que negó la existencia del denominado Cartel de los Soles, han abierto un debate de fondo sobre la política exterior de Colombia frente a Venezuela y los retos en materia de seguridad regional. El mandatario sostuvo que esta organización, señalada por informes de Estados Unidos de estar vinculada al régimen de Nicolás Maduro, sería una “excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”. Sus palabras generaron críticas inmediatas en distintos sectores políticos.
Uno de los pronunciamientos más fuertes fue el de Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos, quien consideró “muy grave” la posición del jefe de Estado. Según Pinzón, negar la existencia de este cartel significa desconocer un problema que ha tenido impacto directo en Colombia, país que históricamente ha sufrido las consecuencias del narcotráfico y de la presencia de grupos armados ilegales que, de acuerdo con distintos reportes, han operado con respaldo en territorio venezolano.
El debate refleja dos visiones enfrentadas. Por un lado, el Gobierno colombiano busca sostener una relación política cercana con Caracas y se distancia de señalamientos que, a su juicio, han sido utilizados como herramientas de presión internacional. Por el otro, críticos como Pinzón advierten que esta postura podría interpretarse como un respaldo a un régimen cuestionado y que, a su vez, podría afectar la confianza de aliados estratégicos como Estados Unidos.
Más allá de las diferencias ideológicas, lo cierto es que la discusión toca un punto sensible para Colombia: la necesidad de definir con claridad cuál será su papel frente a fenómenos transnacionales como el narcotráfico y las alianzas con países vecinos. Negar o afirmar la existencia del Cartel de los Soles no es un asunto menor, pues se trata de un tema con implicaciones de seguridad nacional, diplomáticas y de política exterior.
En este escenario, resulta fundamental que el país mantenga un debate informado, sustentado en hechos verificables y con altura institucional. La prioridad debe ser la defensa de los intereses de los colombianos, la seguridad en las zonas de frontera y la preservación de la credibilidad internacional de Colombia.
