Por: Felipe Rodríguez Espinel
La diplomacia, esa arte milenaria de resolver conflictos sin recurrir a la fuerza, requiere de mesura, prudencia y visión de Estado. Sin embargo, Colombia sigue atravesando una crisis en sus relaciones exteriores, particularmente con Estados Unidos, su socio más estratégico. Lo que presenciamos no es el resultado de diferencias ideológicas legítimas o choques puntuales de intereses, sino la consecuencia previsible de una política exterior que ha privilegiado el espectáculo mediático sobre la construcción paciente de consensos internacionales.
La verdadera diversificación requiere de capacidades diplomáticas sofisticadas para navegar entre intereses divergentes y, ocasionalmente, contradictorios. Esto es precisamente lo opuesto a la diplomacia de redes sociales que hemos presenciado, donde cada discrepancia se convierte en un enfrentamiento público que quema puentes innecesariamente.
Es importante ser claros, tenemos todo el derecho, y en algunos casos el deber, de expresar desacuerdos con políticas estadounidenses que se consideren lesivas a nuestros intereses o valores. El problema no radica en la existencia de diferencias, sino en la manera como estas se han manejado. Convertir cada discrepancia en una confrontación pública, utilizar las redes sociales como herramienta de presión diplomática y adoptar posturas irreflexivas que posteriormente deben ser rectificadas no constituye una política exterior seria, sino un ejercicio de improvisación costoso.
Las consecuencias de esta errática conducción de las relaciones exteriores son múltiples y graves. Arriesgamos el acceso preferencial nuestro principal mercado de exportación. En materia de seguridad, las implicaciones son aún más serias pues no es un lujo diplomático sino una necesidad operativa en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Su eventual suspensión no afectaría las estadísticas diplomáticas sino la vida real de millones de colombianos que sufren la violencia de grupos armados ilegales.
Lo que resulta más desconcertante del actual manejo de la política exterior es su aparente divorcio de consideraciones estratégicas de largo plazo. Las decisiones parecen responder más a la búsqueda de protagonismo en redes sociales o al intento de construir una imagen de dignidad ante audiencias domésticas, que a un análisis riguroso de costos y beneficios para el interés nacional.
Nuestro país necesita urgentemente una reflexión profunda sobre el rumbo de su política exterior. Esto no implica subordinación ciega a Washington ni renuncia a posiciones legítimas en defensa de los intereses nacionales. Significa, eso sí, recuperar la seriedad, la profesionalidad y la visión de Estado que han caracterizado tradicionalmente a la diplomacia colombiana. Se requiere de una política exterior que combine principios claros con pragmatismo estratégico. Una diplomacia que defienda los valores democráticos y los derechos humanos sin caer en el moralismo hueco que posteriormente debe ser rectificado cuando chocan con la realidad.
Retornar a las relaciones sólidas con Estados Unidos, sin sacrificar la dignidad nacional ni renunciar a principios fundamentales, debe ser una prioridad de Estado que trascienda colores políticos. Al final del día, son los colombianos de a pie los floricultores, los caficultores, los habitantes de regiones azotadas por la violencia quienes pagan el precio de las aventuras diplomáticas mal calculadas.
