En El Salvador fue aprobada una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y extiende el período de gobierno de cinco a seis años.
Con 57 votos a favor y 3 en contra, los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron modificaciones sustanciales al sistema político salvadoreño, incluyendo la eliminación de la segunda vuelta electoral y la unificación de los comicios presidenciales, legislativos y municipales.
Cambios clave en la Constitución
Los cambios aprobados incluyen:
- Reelección sin restricciones del presidente de la República.
- Ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años.
- Reducción del actual periodo presidencial, que ahora terminará en 2027 y no en 2029.
- Sincronización de las elecciones generales a partir de marzo de 2027.
- Supresión de la segunda vuelta electoral, que se activaba si ningún candidato superaba el 50% de los votos.
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Reacciones encontradas
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, celebró la decisión afirmando: “Gracias por hacer historia, colegas diputados”. La propuesta fue presentada por la diputada oficialista Ana Figueroa, quien declaró que “el pueblo salvadoreño es quien debe decidir hasta cuándo apoyar a su presidente”.
Sin embargo, la oposición criticó duramente el proceso. La diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA, señaló en el pleno: “Este día ha muerto la democracia en El Salvador. Se quitaron las máscaras”, cuestionando que se votara en medio de una semana de vacaciones nacionales.
Bukele
El presidente Nayib Bukele, en el poder desde 2019, fue reelegido en 2024 con un amplio margen de votos. Su gestión ha sido popular entre sectores amplios de la población, especialmente por su política de seguridad, que ha logrado reducir los niveles de violencia y criminalidad. No obstante, esta estrategia se ha sustentado en un régimen de excepción que ha sido cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos por permitir detenciones masivas sin orden judicial.
El mandatario, de 44 años, ha concentrado el poder sobre las principales instituciones del Estado, incluyendo el Congreso, la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema, lo que ha generado alertas sobre el debilitamiento de los contrapesos democráticos.
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