El Huila atraviesa una nueva ola de violencia marcada por extorsiones, reclutamiento forzado y disputas territoriales entre disidencias de las Farc, el ELN y otros grupos armados, convirtiéndose en un corredor estratégico donde la democracia y la seguridad ciudadana están en riesgo.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
El ataque armado contra el representante a la Cámara por el Huila, Julio César Triana, ocurrido en el municipio de La Plata el pasado 15 de agosto, encendió nuevamente las alarmas sobre la seguridad en este departamento del sur del país. El hecho, que coincidió con el sepelio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá, no solo pone de presente la creciente violencia política de cara a las elecciones de 2026, sino también la crítica situación de orden público que enfrenta el Huila, convertido en un corredor estratégico para las disidencias de las Farc, el ELN y otros grupos armados.
La Defensoría del Pueblo ya lo había advertido en varias alertas tempranas emitidas en 2023 y 2024: la región atraviesa un escenario de “coctel criminal”, donde diferentes estructuras ilegales se disputan el control de corredores rurales, zonas de producción agrícola y pasos hacia otras regiones estratégicas del país.
Un corredor estratégico para los grupos armados
El Huila, por su ubicación geográfica, es un departamento de enorme importancia para los grupos ilegales. Conecta la región Andina con la Amazónica y la Orinoquía, gracias a sus vías terciarias, trochas y caminos que cruzan la cordillera. Esto lo convierte en un paso clave para el movimiento de hombres, armas, droga y recursos ilícitos.
La alerta temprana 022 de 2024 detalla cómo municipios del norte del departamento —Neiva, Tello, Baraya y Colombia— se convirtieron en escenario de disputa de las disidencias de alias Calarcá. Estas facciones han ejercido control hegemónico a través del Bloque Jorge Suárez Briceño y de los frentes Darío Suárez Briceño e Iván Díaz.
Según la Defensoría, estas estructuras han reproducido prácticas de control social que recuerdan las épocas más duras del conflicto: extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos, junto con la imposición de “vacunas” o cuotas de contribución a campesinos, comerciantes y transportadores.
Reconfiguración criminal tras el Acuerdo de Paz
Aunque el Acuerdo de Paz de 2016 con las antiguas Farc trajo consigo una reducción inicial de la violencia en el Huila, la realidad cambió rápidamente. El repliegue de las antiguas estructuras dejó vacíos de poder que fueron aprovechados tanto por las disidencias de la Segunda Marquetalia como por el ELN.
“La presencia y operación de estos dos grupos armados se afianzó con repertorios de violencia que incluyeron intimidaciones, amenazas, asesinatos y reclutamiento forzado”, señala la alerta temprana.
Este fenómeno se intensificó desde 2023, con un aumento alarmante en los asesinatos de líderes sociales y comunitarios, además de un pico inusitado de extorsiones que golpea a agricultores y pequeños empresarios en Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata.
Reclutamiento forzado: el drama silencioso
El reclutamiento de menores es uno de los crímenes más graves documentados en los últimos meses. La alerta 015 hace referencia al municipio de Íquira, en el sur de Neiva, donde el riesgo de vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto es catalogado como extremo.
Allí opera el bloque central Isaías Pardo del Estado Mayor Central (EMC) y el frente Ismael Ruiz, que tras la fractura interna con alias Mordisco buscaron fortalecer su capacidad operativa valiéndose de menores, en particular de comunidades indígenas.
Incluso, se han registrado videos en redes sociales como TikTok y Facebook en los que aparecen adolescentes uniformados y armados junto a integrantes de estas estructuras. Según la Defensoría, el uso de plataformas digitales es una nueva estrategia para contactar, persuadir y reclutar jóvenes.
El riesgo se extiende también a las familias, que enfrentan amenazas que les impiden denunciar. Muchas se ven obligadas al desplazamiento forzado como mecanismo de autoprotección.
Garzón y Gigante: expansión del EMC
La alerta temprana 012 describe la situación en Garzón y Gigante, municipios del centro del Huila donde se registró la expansión del EMC con la creación del frente Iván Díaz en Algeciras y del frente Rodrigo Cadete en Florencia (Caquetá).
De acuerdo con el documento, el punto de inflexión fue el Pleno Ampliado del EMC, realizado en marzo y abril de 2023 en San Vicente del Caguán, donde se definió una estrategia de redistribución territorial.
En Garzón y Gigante, el ingreso de estas estructuras se dio de manera gradual y discreta, a través de reuniones con Juntas de Acción Comunal, en las que se solicitó la “colaboración” de líderes para permitir su permanencia.
La consecuencia fue la imposición de mecanismos violentos de control: extorsiones, asesinatos selectivos, restricciones a la movilidad y reclutamiento forzado. Además, se han registrado combates con el Ejército en zonas pobladas, poniendo en riesgo a civiles.
Neiva: entre el riesgo urbano y la violencia periférica
Aunque la capital del Huila no ha sido epicentro de enfrentamientos, sí concentra los impactos del conflicto: líderes sociales amenazados, empresarios extorsionados y comerciantes obligados a pagar “vacunas”.
La alerta temprana menciona a Neiva dentro del mapa de riesgo porque allí confluyen los intereses de varios grupos armados que buscan controlar rutas de salida hacia el sur del país y asegurar ingresos económicos mediante extorsiones urbanas.
El comercio local y el sector de la construcción han denunciado un incremento de la presión por parte de los grupos ilegales, lo que genera temor y afecta la inversión privada en la ciudad.
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El atentado contra Julio César Triana: violencia política en aumento
El ataque a bala contra el congresista Julio César Triana es una clara muestra de que el Huila se convirtió nuevamente en escenario de violencia política, como ocurrió en décadas pasadas.
Aunque la investigación apenas comienza, lo cierto es que se suma a una serie de amenazas contra dirigentes regionales en medio de la precampaña hacia las elecciones de 2026. El hecho revive el fantasma de la violencia electoral en un departamento donde en los años noventa fueron asesinados concejales, diputados y líderes de base.
El mensaje de los violentos parece claro: atemorizar a la clase política y condicionar la vida democrática en el Huila.
¿Qué está en juego en el Huila?
El departamento enfrenta hoy una situación crítica que mezcla tres dimensiones:
- Seguridad territorial: los grupos armados se disputan corredores estratégicos con fines de control económico y militar.
- Impacto social: la población civil es víctima de reclutamiento, desplazamiento, extorsiones y asesinatos selectivos.
- Democracia amenazada: el atentado contra un congresista revela que la violencia política regresa a un escenario electoral altamente sensible.
El “coctel criminal” no solo afecta la tranquilidad del Huila, sino que tiene repercusiones nacionales, pues se trata de un departamento clave para las economías agrícola y energética del país.
El atentado contra el representante Julio César Triana no puede verse como un hecho aislado. Es el reflejo de un conflicto en reconfiguración, donde las disidencias de las Farc, el ELN y otros grupos buscan reposicionarse en territorios históricamente disputados.
Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo ofrecen un panorama claro: la violencia en el Huila está lejos de ser un fenómeno coyuntural y se sostiene sobre dinámicas de control territorial, extorsión, reclutamiento forzado y amenazas a la democracia local.
Si no se adoptan medidas urgentes de protección, prevención y presencia integral del Estado, el Huila podría convertirse en uno de los epicentros de la violencia en la antesala de las elecciones de 2026, reviviendo los años más oscuros del conflicto armado en Colombia.
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