La jueza Sandra Liliana Heredia tendrá hasta el 7 de agosto para emitir fallo de primera instancia en uno de los juicios más emblemáticos y controvertidos de la historia judicial del país. El Consejo Superior de la Judicatura tomó una medida sin precedentes para evitar el vencimiento de términos.
DIARIO DEL HUILA, ANALISIS
En un hecho que marca un nuevo capítulo en la historia reciente de la justicia colombiana, el Consejo Superior de la Judicatura, a través del Consejo Seccional de Bogotá, ha adoptado una determinación sin precedentes: suspender la asignación de nuevos procesos al Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, para permitir que su titular, la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, se concentre exclusivamente en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La resolución, firmada el 1 de julio de 2025, responde a una solicitud expresa de la magistrada, quien argumentó que la magnitud del expediente, la complejidad probatoria y la cercanía de los términos de prescripción hacían inviable la atención simultánea de otros procesos ordinarios.
Con esta decisión, el órgano judicial fija un plazo perentorio para la expedición del fallo de primera instancia: el 7 de agosto. El reloj judicial corre y el país entero vuelve su mirada a este proceso, que desde 2020 ha capturado la atención mediática y polarizado a la opinión pública.
Una jueza bajo presión y un juicio cargado de historia
El expediente judicial contra el expresidente Uribe, por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos, es una de las causas penales más relevantes de la historia contemporánea del país. No solo por tratarse del primer exmandatario en enfrentar un juicio formal, sino porque implica a actores de alto perfil, estructuras de poder, y enfrenta al testimonio de víctimas con la maquinaria de defensa del líder del Centro Democrático.
La jueza Heredia Aranda, consciente del peso de la responsabilidad histórica que recae sobre su despacho, solicitó oficialmente suspender el reparto de nuevos casos entre el 1 y el 31 de julio. En su misiva al Consejo Seccional argumentó que, además de los alegatos finales programados para los primeros días del mes, su equipo debía dedicar tiempo exclusivo al análisis de más de 90 testimonios, decenas de pruebas documentales y periciales, y las respectivas réplicas de Fiscalía y víctimas.
En consecuencia, el Consejo de la Judicatura adoptó la medida como “último recurso” para garantizar la debida administración de justicia, no solo en este caso, sino también como señal institucional frente a la ciudadanía. La jueza deberá rendir informes semanales con los avances del juicio, una forma de monitoreo adicional ante la presión pública y el impacto político del proceso.
Granados y la prueba del «entrampamiento»
Durante las audiencias de la primera semana de julio, Jaime Granados, abogado del expresidente Uribe, sorprendió al presentar lo que denominó la “prueba reina” de un supuesto entramado judicial orquestado por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y su expareja, Deyanira Gómez.
Según Granados, Monsalve, condenado a 44 años de cárcel, habría buscado establecer contacto con los abogados del expresidente para retractarse de las acusaciones que lo vinculaban con el paramilitarismo en Antioquia. Esta supuesta intención habría sido manipulada y grabada con dispositivos ocultos en la cárcel La Picota, con el objetivo de construir un caso de presión indebida.
“Todo fue una trampa”, sentenció Granados ante la jueza Heredia. Según su versión, Monsalve pidió a su compañero de patio, Enrique Pardo Hasche, que lo ayudara a contactar a la defensa del exmandatario. Esto llevó a la visita de Diego Cadena, abogado del expresidente, el 21 de febrero de 2018. La reunión fue inicialmente frustrada porque Monsalve no confiaba en la identidad de Cadena, pero días después accedió a encontrarse con él, momento que quedó registrado en video.
Lo llamativo, según Granados, fue la aparición de una carta de retractación con una “nota aclaratoria”, radicada el 2 de abril de 2018 en la Corte Suprema, justo después de una reunión entre Gómez y Cadena en una cafetería del centro de Bogotá. En dicha reunión, Gómez argumentó no poder entregar la carta porque su hija estaba enferma. Sin embargo, minutos más tarde, Monsalve radicó la misiva, y Gómez presentó un memorial denunciando presiones.
“Ese desfase cronológico muestra que la carta estaba lista y que todo fue un montaje para incriminar a Uribe”, sostuvo el defensor. Según él, se trató de una operación para construir pruebas falsas con fines judiciales.
El pulso de la historia: Uribe ante la justicia
El juicio a Álvaro Uribe representa un episodio sin precedentes. Por primera vez, un expresidente se encuentra en la antesala de una sentencia penal. El proceso, iniciado tras una compulsa de copias de la Corte Suprema en 2018, ha transitado por múltiples etapas, desde la renuncia al Senado de Uribe —que implicó el paso del caso de la Corte a la Fiscalía— hasta la acusación formal en 2023 y el inicio del juicio oral en 2024.
La Fiscalía, liderada por el fiscal Mario Burgos en su momento, sostuvo que Uribe habría intentado manipular testigos para limpiar su nombre en el proceso por nexos con el paramilitarismo. El núcleo de la acusación se basó en el uso de emisarios para obtener retractaciones y testimonios favorables, a cambio de supuestos beneficios.
Por su parte, la defensa ha insistido en que fue Monsalve quien buscó acercamientos, y que nunca hubo ofrecimientos indebidos. Los abogados del exmandatario han señalado múltiples irregularidades en la recolección de pruebas, cuestionando la legalidad de grabaciones, testimonios y la misma credibilidad del testigo estrella.
El reloj judicial y el reloj político
La orden de emitir sentencia antes del 7 de agosto llega en un momento clave. La cuenta regresiva no solo impone un plazo judicial, sino que también activa el reloj político: cualquier decisión —condenatoria o absolutoria— tendrá profundas implicaciones en la vida nacional.
Para el uribismo, una condena sería interpretada como una “persecución política”. Para sectores críticos, una absolución podría leerse como una claudicación del sistema judicial ante el poder.
La jueza Heredia, en el centro del huracán, deberá blindar su fallo con argumentos jurídicos sólidos, análisis probatorio riguroso y una exposición clara de los hechos. Solo así podrá evitar que la decisión —sea cual sea— sea reducida a un debate de pasiones y banderas partidistas.
Un juicio que define más que un veredicto
Más allá del destino judicial de Álvaro Uribe, este juicio constituye una prueba de fuego para la justicia colombiana. ¿Puede el sistema garantizar imparcialidad y rigor incluso cuando los procesados han ostentado el poder máximo? ¿Pueden los jueces decidir sin presiones políticas ni mediáticas? ¿Qué mensaje se envía a la ciudadanía sobre el alcance del Estado de derecho?
¿Quién es la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda?
Sandra Liliana Heredia Aranda es oriunda del municipio de Alpujarra, en el departamento del Tolima. Inició su trayectoria en la Rama Judicial en el año 2006, tras superar un concurso de méritos en el que fue admitida en el Registro Seccional de elegibles para el Tolima. Desde entonces ha desarrollado una carrera judicial ascendente, caracterizada por su compromiso con la legalidad y la rigurosidad procesal.
Carrera judicial
En 2009 fue nombrada jueza de control de garantías en el municipio de El Espinal, donde comenzó a consolidarse como una funcionaria respetuosa del debido proceso. Años después fue trasladada a Bogotá, donde ha ocupado diferentes cargos dentro de la judicatura, hasta convertirse en titular del Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, despacho en el que actualmente adelanta el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Estilo y reputación
Quienes han trabajado con ella destacan su perfil técnico, su disciplina y su capacidad de análisis. Es conocida por llevar un estilo de trabajo reservado y enfocado, sin exposición mediática, lo que le ha permitido mantener independencia frente a los casos que adelanta. Su labor ha sido reconocida por la solidez jurídica de sus decisiones, así como por su actitud equilibrada ante los conflictos procesales.
Compromiso con la justicia con enfoque de género
La jueza Heredia ha sido activa en iniciativas que promueven el enfoque de género dentro de la administración de justicia. Ha hecho parte del Comité Seccional de Género de Bogotá y Cundinamarca, y ha participado en programas de fortalecimiento institucional para atender con perspectiva de género los casos judiciales.
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Controversias y presiones
Debido al impacto político del caso Uribe, ha sido objeto de constantes presiones externas. La defensa del expresidente intentó recusarla, cuestionando su imparcialidad, pero esta solicitud fue rechazada por no existir causal legal para su apartamiento. Además, ha enfrentado críticas por parte del tribunal superior, por supuestas falencias en el trámite de pruebas y garantías, aunque ha mantenido su posición dentro del proceso.
Imparcialidad y profesionalismo
Pese a los cuestionamientos, Heredia ha sostenido una línea de trabajo centrada en el respeto a las normas procesales, evaluando de manera rigurosa cada una de las pruebas presentadas tanto por la Fiscalía como por la defensa. En su despacho reposan más de 90 testimonios y abundante material probatorio que ha sido objeto de análisis en las audiencias orales que se desarrollan desde hace más de un año.
Concentración exclusiva en el caso Uribe
Debido a la complejidad del juicio y la cantidad de pruebas, solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura la suspensión temporal del reparto de nuevos procesos a su despacho, para poder concentrarse exclusivamente en la elaboración del fallo. Esta solicitud fue aceptada, fijándose como plazo máximo el 7 de agosto de 2025 para la emisión de la sentencia de primera instancia en uno de los procesos más emblemáticos de la historia judicial del país.
Reto institucional
Este juicio representa el mayor desafío profesional de la jueza Heredia. No solo por tratarse de un expresidente de la República, sino por la alta visibilidad y polarización que rodean el proceso. Su actuación será determinante para la confianza ciudadana en el sistema judicial y en la garantía de que, en Colombia, todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
Proyección y futuro
Aunque ha manifestado interés en continuar creciendo dentro de la carrera judicial, incluso postulándose a cargos en la Fiscalía, hasta ahora no se ha evidenciado que estos intereses comprometan su imparcialidad. Su trabajo será evaluado por la opinión pública y la institucionalidad en el marco del fallo que emita sobre este histórico caso.
Cronología del caso Álvaro Uribe Vélez
Febrero de 2012:
Iván Cepeda presenta denuncias sobre presuntos vínculos de Álvaro Uribe con grupos paramilitares, citando testigos como Juan Guillermo Monsalve.
2018 – Corte Suprema investiga:
Uribe denuncia a Cepeda por manipulación de testigos, pero la Corte Suprema archiva la denuncia y, en cambio, abre una investigación contra el expresidente.
Agosto de 2020 – Renuncia al Senado:
Álvaro Uribe renuncia a su curul en el Senado, lo que implica el paso del caso de la Corte Suprema a la Fiscalía General.
2021 – Fiscalía solicita preclusión:
La Fiscalía, bajo la dirección del fiscal Gabriel Jaimes, pide la preclusión del caso. El juzgado 28 de Conocimiento de Bogotá la niega en abril de 2022.
2023 – Acusación formal:
La Fiscalía acusa a Uribe formalmente por fraude procesal y soborno a testigos. El juicio oral se inicia a finales de 2024.
Julio de 2025 – Última fase:
Comienzan los alegatos finales. El Consejo Superior de la Judicatura suspende reparto de procesos al Juzgado 44 y fija como plazo máximo para emitir sentencia el 7 de agosto de 2025.
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