Más que la presencia militar, las mismas comunidades han indicado que en sus territorios necesitan inversión social, así lo dieron a conocer los habitantes del centro poblado de Valencia de la Paz, municipio de Íquira. Y ante los bajos índices de denuncias, solo hubo 51 en el año 2024, se debería por temor a las represalias de los actores armados.
Ahora, en la IX Brigada del Ejército, se encuentran trabajando para estructurar la Fuerza de Despliegue Rápido número 5, y además, van a fortalecer el Gaula-Militar, el cual contaba con 35 hombres y va a ser robustecido con 22 más para un total de 57 soldados.
Eventuales emergencias
Y en relación a la agudización del conflicto armado, la principal víctima es la población civil, quienes son intimidados, por los grupos de disidentes, y en ocasiones salen de sus territorios para evitar el reclutamiento forzado de sus hijos.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo alerta sobre la existencia de al menos once focos de emergencia humanitaria en el país, que impactan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. “La situación humanitaria que estamos presenciando es alarmante. El conflicto armado sigue afectando gravemente a la población civil, con desplazamientos, confinamientos, homicidios y la constante amenaza de los grupos ilegales”, afirmó Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo.
Según el monitoreo de la entidad, diez grupos armados ilegales están detrás de esta crisis, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las disidencias comandadas por alias “Mordisco” y alias “Calarcá Córdoba” y organizaciones criminales como los Shottas y los Espartanos.
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Chocó, preocupa
En este contexto, el ELN realizó un paro armado de 72, lo que agravó el confinamiento de comunidades, debido a la prohibición de navegación en la zona. Además, la presencia de minas antipersona cerca de caseríos y escuelas pone en grave riesgo a la población. Hasta ahora, al menos 1.600 personas han sido afectadas por desplazamientos y confinamientos en la región, con especial preocupación por la situación del pueblo Wounan, que enfrenta severas restricciones de movilidad y acceso a recursos básicos.
Expansión de los grupos armados
Además de Chocó, el organismo ha documentado emergencias en Nariño, Cauca, el Pacífico Vallecaucano, Antioquia, la Sierra Nevada, Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo.
“El 73% de los municipios del país están bajo la influencia de grupos armados ilegales. En los últimos cinco años, han logrado expandirse y fortalecer su accionar. Es preocupante, pero no irremediable”, enfatizó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Y como ya lo había denunciado la Defensoría del Pueblo Seccional Huila, en esta ocasión resaltó el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, dijo: “el nivel de subregistro es realmente preocupante. Solamente las comunidades indígenas han denunciado que alrededor de 30 menores de edad de esta población, fueron víctimas de reclutamiento por parte de grupos armados organizados en el departamento del Huila en el año 2024”.
Acciones urgentes
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a la institucionalidad: urgimos a las autoridades nacionales y locales a implementar acciones inmediatas que prioricen la protección de las comunidades afectadas, tomando en cuenta el diagnóstico de las alertas tempranas y sus recomendaciones, así como toda la información con la que cuentan las diferentes instituciones del Estado.
Asimismo, solicitan a la comunidad internacional mantener y fortalecer su apoyo a las iniciativas humanitarias y exigir el respeto a los derechos de las personas y comunidades en riesgo.
Ahora, la entidad exige a los grupos armados ilegales a respetar los derechos de la población y el Derecho Internacional Humanitario. Especial y enfáticamente le exigimos no continuar instrumentalizando a las organizaciones y a las juntas de acción comunal para favorecer sus intereses y expandir su acción territorial. Las poblaciones tienen derecho a su autonomía frente al poder arbitrario e ilegítimo de las armas. La legitimidad no la lograrán violentando a la gente, al contrario, esta pone en evidencia su ilegitimidad.
E instan al Gobierno nacional a que continúe exigiendo en las mesas de conversación vigentes el respeto del derecho humanitario, especialmente, no involucrar a la población civil en el conflicto armado y la liberación inmediata de niños, niñas y adolescentes reclutados y la suspensión de esta práctica.
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Violencia y comunidades
“La violencia no puede seguir marcando el destino de nuestras comunidades. Las instituciones del Estado tienen la capacidad para hacerle frente a esta crisis y garantizar la presencia integral del Estado de Derecho en los territorios”, concluyó Iris Marín Ortiz. La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y continuará denunciando esta crisis, exigiendo respuestas efectivas y acompañando a las comunidades que hoy padecen el conflicto armado.
En este sentido, la entidad reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y continuará denunciando esta crisis, exigiendo respuestas efectivas y acompañando a las comunidades que hoy padecen el conflicto armado.
Estructuras en la región
Y en cuanto a los grupos de disidentes, que hacen presencia en el Departamento, el coronel Henry Arenas, comandante de la IX Brigada del Ejército, indicó: “continúan los mismos grupos, en el norte tenemos el ‘Bloque Jorge Suárez’, de esta organización, se deriva el Frente ‘Darío Gutiérrez’, que había sido desactivada en el año 2024, se replegó y volvió a la región, cuyos cabecillas ya los tenemos identificados, la ‘Iván Díaz’, tenemos la Rodrigo Cadete, que extorsionó en Garzón; al occidente el bloque central ‘Isaías Pardo’. Asimismo, los ‘Comandos de Frontera’ que iban a ingresar y le dimos unos golpes contundentes”.
Además, el militar agregó que el Frente ‘Rodrigo Cadete’, tendría pretensiones de volver a ingresar a territorio huilense.
“Todo este bloque se encuentra en diálogos con el Gobierno Nacional, pero que estén en conversaciones, no quiere decir que puedan extorsionar, y lo están realizando, violan los protocolos de cese al fuego. Y en el noroccidente de la región, tenemos al Frente ‘Ismael Ruiz’, que delinque entre los departamentos de Huila y Tolima, y en el 2024, hubo más se siete muertos en Pradera”, indicó el oficial y en el sur del Departamento, operaba la estructura ‘Hernando González Acosta’.
Y ante la Alerta Temprana emanada por la Defensoría del Pueblo, sobre posible enfrentamiento entre grupos de disidencias, se conoció que son escenarios que se pueden presentar, como las situaciones vividas en el Catatumbo. Por este motivo, el Ejército, se encuentra desarrollando las cuatro tareas específicas.
