Una vez más, el salario de los congresistas vuelve al centro de un debate nacional. La propuesta de la senadora Aida Avella de limitar el aumento de los legisladores al 1%, frente a incrementos superiores para los trabajadores que devengan el mínimo, revivió tensiones históricas entre partidos y abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre desigualdad salarial y privilegios en el Congreso.
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
El salario de los congresistas de la República para 2025 volvió a generar polémica tras conocerse que cada uno, entre senadores y representantes, recibirá una remuneración total anual de $704 millones, incluyendo primas y beneficios. Esto significa un gasto superior a $200.000 millones para el Estado.
La cifra contrasta de manera abismal con el salario mínimo vigente, ubicado en $1.623.500 mensuales, es decir, $19.482.000 al año. Un congresista gana 35 veces más que un trabajador que devenga el mínimo. Y la brecha se hace más evidente cuando se consideran las cifras del Ministerio del Trabajo: de los 22 millones de trabajadores formales del país, el 80% gana menos de $3 millones mensuales.
Este escenario reabrió la discusión sobre la equidad salarial en el sector público, especialmente en cargos de elección popular.
La propuesta del Pacto Histórico: aumentar menos a los de arriba
Durante un debate en el Congreso, la senadora Aida Avella, del Pacto Histórico, expuso con vehemencia la desproporción en los incrementos salariales entre los trabajadores de base y quienes ocupan altos cargos públicos.
“Los de abajo tienen un aumento del 10% y se escandalizan, pero no pasa lo mismo cuando quienes ganan $40 o $50 millones reciben el mismo porcentaje. Un aumento del 10% para el mínimo es de $142.000, pero para un congresista son $5 millones”, señaló Avella.
En su intervención, subrayó que la desigualdad se profundiza con cada reajuste. Por eso planteó una propuesta radical: que senadores y representantes tengan solo un 1% de incremento anual, con el fin de corregir en parte la brecha entre ingresos públicos.
“Mientras esté en el Congreso, lucharé para que la gente de abajo tenga proporcionalmente más aumento que la gente de arriba”, insistió.
El debate avanza: acuerdos y resistencias
El precandidato presidencial y exsenador Gustavo Bolívar aseguró a inicios de 2025 que existe un clima favorable para abordar los privilegios salariales del Congreso. Reveló la existencia de un acuerdo multipartidista —entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático— para avanzar en una reducción progresiva.
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Según explicó, el acuerdo contempla dos etapas:
- Un impuesto especial al salario de los congresistas, aplicado hasta 2026 mediante reforma tributaria.
- A partir de 2026, un tope salarial equivalente a 25 salarios mínimos, además de reducir el periodo de vacaciones legislativas de cuatro a dos meses y prohibir prácticas asociadas a la llamada “mermelada”.
Bolívar calificó este consenso como un paso inédito: “Vemos que la ideología se supera cuando se trata de desmontar privilegios. La paz total también llegó al Congreso”.
Desde la oposición: “esto ya lo intentamos antes”
Aunque el debate tomó fuerza recientemente, desde el Centro Democrático recuerdan que llevan años impulsando propuestas similares.
El senador Juan Espinal fue categórico: “Desde 2016, la senadora Paola Holguín presentó la iniciativa para congelar o disminuir el salario de los congresistas. Hemos presentado cinco iniciativas”.
Espinal afirmó que las bancadas progresistas —incluido el Pacto Histórico— han sido quienes frenaron estos proyectos cuando su partido buscó impulsar reducciones salariales o disminuir el número de curules en Senado y Cámara.
“Ahora, a un año y medio de elecciones, aparecen con una nueva narrativa diciendo que son los dueños de esta propuesta”, cuestionó.
Pese a las diferencias, el Centro Democrático insiste en que su posición histórica ha sido clara: reducir el tamaño del Congreso y bajar o congelar el salario de los legisladores.
¿Hacia dónde va la discusión?
El debate sobre el salario de los congresistas parece lejos de concluir. Las posiciones chocan, pero también muestran un terreno de acuerdo parcial entre sectores opuestos. El país espera si estas iniciativas se transformarán en reformas efectivas o si, como en años anteriores, el debate quedará en promesas sin resultados.
Para muchos ciudadanos, el punto central no es solo cuánto ganan los congresistas, sino qué tan proporcionado es ese ingreso con la realidad de la mayoría del país. Por ahora, la propuesta del “1% de aumento” logra lo que pocas veces ocurre: unir a sectores críticos e impulsar una discusión que toca fibras sensibles de la política y la economía nacional.
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