La Procuraduría abrió una investigación por el incidente entre militares y la senadora Aida Quilcué en La Plata, Huila, un hecho que desató un debate sobre los procedimientos de control del Ejército y el trato a líderes indígenas en el país.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por el incidente ocurrido el viernes 15 de agosto en zona rural de La Plata, Huila, donde un grupo de militares detuvo el vehículo en el que se movilizaba la senadora Aida Quilcué, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). El hecho, que fue registrado en video y difundido por la congresista, ha generado debate sobre los procedimientos de control militar en vías públicas y la relación entre la fuerza pública y los pueblos indígenas.
El incidente en la vereda Panorama
De acuerdo con el relato de la senadora, ella viajaba en una camioneta junto a su equipo de seguridad por la vía de la vereda Panorama, cuando fue interceptada por uniformados motorizados pertenecientes al Batallón de Infantería Cacique Pigoanza, adscrito a la Novena Brigada del Ejército Nacional. Quilcué denunció que los controles no estaban debidamente señalizados, como exige la normativa, y que la manera en que fue abordada resultó intimidante.
En el video difundido en redes sociales, se escucha a la congresista expresar su inconformidad: “Yo soy senadora de la República (…) porque soy india y soy senadora, entonces me tratan, como me tratan, no”. La reacción de Quilcué reflejó, según explicó, no solo la incomodidad del momento, sino también el temor derivado de su propia experiencia: años atrás, su esposo fue asesinado en un operativo militar, un hecho atribuido al Ejército y confirmado posteriormente por la Fiscalía.
Los uniformados, por su parte, aseguraron que se trataba de un procedimiento de seguridad rutinario y que en ningún momento se vulneraron los derechos de la senadora ni se ejerció discriminación.
Investigación de la Procuraduría
Ante la denuncia pública, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación “por presuntos seguimientos y acciones intimidatorias cometidos, al parecer, por miembros del Batallón del Ejército Cacique Pigoanza en contra de la senadora Aída Quilcué”.
La decisión del Ministerio Público busca esclarecer si los militares actuaron dentro del marco de la ley y respetando los protocolos que rigen este tipo de controles. La entidad también indagará si existieron excesos, irregularidades o conductas que puedan constituir faltas disciplinarias.
Respuesta del Ejército Nacional
El Comando de la Novena Brigada del Ejército Nacional, perteneciente a la Quinta División, emitió un comunicado en el que defendió la legitimidad de las operaciones realizadas en la vereda Panorama y cuestionó lo que considera una estigmatización a la labor militar.
“No es justo que se estigmatice y se polarice el actuar de quienes con sus propias vidas enfrentan la violencia que generan los diferentes factores de inestabilidad en el territorio nacional”, señaló la institución.
El Ejército reafirmó que sus operaciones se enmarcan en “el absoluto respeto a la Constitución, las leyes, la doctrina militar y los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, destacando que sus integrantes han sido y seguirán siendo respetuosos de los derechos de todos los ciudadanos.
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No obstante, el comunicado también dejó claro que la institución será respetuosa de la investigación y colaborará con las autoridades competentes. “La institución respetuosa del Estado Social de Derecho y de la independencia de poderes acatará las decisiones que se deriven de los procesos en curso y mantendrá su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de la nación”, puntualizó.
La posición de la senadora Quilcué
La congresista insistió en que no se opone a los controles de seguridad, siempre y cuando se realicen bajo las normas establecidas y con respeto a la ciudadanía. Recordó que en otras oportunidades ha colaborado con este tipo de procedimientos, pero advirtió sobre los riesgos de abusos o de actuaciones arbitrarias que puedan interpretarse como hostigamientos.
Quilcué, quien ha sido una reconocida defensora de los derechos de los pueblos indígenas y una de las voces críticas frente a la militarización de los territorios, pidió formalmente que el Ministerio de Defensa y la Procuraduría adelanten las investigaciones correspondientes. También manifestó su disposición a comparecer ante las instancias legales para aportar su versión de los hechos.
“La forma en que fui abordada me generó temor, porque tengo una historia personal que me obliga a reaccionar con cuidado frente a situaciones que me recuerdan hechos dolorosos. Mi llamado es a que los procedimientos se hagan de manera correcta y con todas las garantías”, expresó la senadora.
Un episodio en medio de tensiones históricas
El incidente ocurre en un contexto de tensiones históricas entre comunidades indígenas y la fuerza pública en regiones como el Cauca y el Huila, donde la presencia militar ha sido constante debido al conflicto armado y la persistencia de actores armados ilegales. Para líderes como Quilcué, estas tensiones no solo representan un riesgo personal, sino que también afectan la confianza de las comunidades en las instituciones estatales.
La reacción del Ejército y la investigación de la Procuraduría serán determinantes para definir si se trató de un procedimiento legítimo o si hubo irregularidades que ameriten sanciones. Mientras tanto, el episodio ha reabierto el debate sobre los límites de la acción militar en contextos civiles y sobre la necesidad de garantizar el respeto a los derechos de los representantes políticos y de las comunidades más vulnerables del país.
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