En los municipios de Curillo y Solita, departamento del Caquetá, se desarrolló una operación conjunta contra la explotación ilícita de minerales que dejó como resultado la captura de siete personas y la destrucción de maquinaria pesada utilizada para la extracción ilegal de oro en las riberas del río Caquetá.
La acción fue ejecutada por tropas de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo del Comando Aéreo de Combate N.º 6 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus.
De acuerdo con información oficial, en el lugar fueron destruidas tres dragas tipo 4 y un dragón, equipos empleados para la minería ilegal que vertían mercurio y combustibles en el afluente, lo que representaba un alto riesgo ambiental y sanitario para las comunidades ribereñas.
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Durante el operativo fueron capturadas tres personas en Curillo y cuatro en Solita, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, contemplado en el artículo 332 del Código Penal.
Efectos ambientales y económicos
Según las autoridades, las actividades de extracción estaban vinculadas al GAO-r Raúl Reyes, grupo residual que obtiene recursos de la minería ilegal para financiar su funcionamiento. Los equipos neutralizados eran utilizados para la explotación de oro de aluvión, práctica que ocasiona deforestación, contaminación con mercurio, deterioro de los ecosistemas acuáticos y afectaciones a la seguridad alimentaria de comunidades campesinas e indígenas.
Expertos advierten que la recuperación de los ecosistemas impactados por estas actividades puede tardar décadas y que algunos daños pueden ser irreversibles, especialmente en zonas de la Amazonía colombiana como el río Caquetá.
Coordinación interinstitucional
El Ejército destacó que este resultado fue posible gracias a labores de inteligencia adelantadas por el Batallón de Infantería N.º 34 Juanambú y la articulación con la Fiscalía. Las instituciones señalaron que la operación no solo tiene efectos judiciales y militares, sino también ambientales, al reducir la presión sobre uno de los afluentes más importantes de la región amazónica.
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