Los anuncios del gobierno nacional de ubicar un nuevo peaje en el sector del municipio de Hobo en la Ruta 45, ha venido generando inconformismo a todos los huilenses, conductores y especialmente al sector empresarial de la región surcolombiana, porque no conciben más impuestos por la afectación negativa a la estructura de costos. Lesiona la dinámica económica del departamento, en medio de una economía que se encuentra deprimida y por los altos niveles de pobreza en que se encuentran las familias en esta región. Las actividades productivas han venido presentando un rezago en su crecimiento, por la aplicación de las medidas macroeconómicas, que no se compadecen con la verdadera realidad social y económica que estamos viviendo. El reciente paro arrocero que durante 9 días sufrimos las familias que utilizan esta importante vía que integra los departamentos del surcolombiana con el resto del país, generó la solidaridad de la minga indígena de los resguardos que residen en el Huila, a través de la toma violenta del peaje de los Cauchos, que ha impedido que la empresa Concesionaria que está desarrollando la recuperación de este importante cordón vial, cobre este peaje.
Adicionalmente de acuerdo con las investigaciones adelantadas por la misma organización empresarial y de los organismos de seguridad, se detectó que supuestamente fueron algunas organizaciones terroristas que apoyan a los integrantes de esta minga indígena, los que destruyeron el peaje del Hobo, hace tres semanas. Y como si fuera poco, han vuelto a taponar de manera indefinida esta ruta en el sector del peaje los Cauchos, causando todas las dificultades y parálisis de las actividades económicas y sociales de la región surcolombiana. Es absurdo esta actitud. Además, las obras que están adelantando la Concesión están semiparalizadas porque no les permiten el flujo de la maquinaria e materiales de construcción para seguir continuando dichas obras que han venido desarrollándose de acuerdo con el cronograma. En las noches, los integrantes de esta minga se la pasan bailando y tomando bebidas embriagantes, como si estuvieran celebrando el caos social y económica que está padeciendo la sociedad surcolombiana. Con la anuencia del gobierno nacional, y la falta de autoridad, les permiten el cometimiento de estos actos delincuenciales, que pacientemente debemos acertar ante la definición de políticas públicas, que conduzcan a solucionar sus demandas sociales.
Las comunidades indígenas, ha recibido multitudinarios y cuantiosos contratos del Estado para que financien las protestas sociales. Con estos recursos financian el pago del alquiler de transporte, hospedaje, alimentación y elaboración de materiales de publicidad para asistir a las reiteradas marchas convocadas por el gobierno nacional para respaldar las reformas sociales. Estos contratos se encuentran registrados en la plataforma de contratación estatal Secop. El último fue firmado el pasado 13 de marzo por contratación directa, un millonario convenio por valor de 57.694 millones de pesos con el Ministerio de Educación Nacional.
