El pronunciamiento, hecho por el embajador John McNamara, se produjo dos días después de que la Casa Blanca confirmara la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas para el año fiscal 2026.
“Pedimos que se restablezcan con urgencia las extradiciones de narcoterroristas eliminando las suspensiones actualmente vigentes; ya hay varios. Es clave para garantizar la seguridad de ambos países y ambos pueblos”, señaló el diplomático, quien también advirtió sobre los efectos de los cultivos ilícitos, relacionados con violencia, reclutamiento forzado de menores, extorsión y graves daños ambientales.
La respuesta del presidente Gustavo Petro no tardó en llegar. A través de su cuenta en X, el mandatario defendió la política colombiana y recalcó que sus decisiones están sujetas a la legislación interna: “El presidente obedece la ley colombiana, no las órdenes de gobiernos extranjeros. Todos los 400 extraditables, a los que la Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable para extradición, los extradité”.
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El jefe de Estado explicó que únicamente tres casos no han sido tramitados porque los solicitados se encuentran en procesos de paz avanzados, lo que permite suspender la extradición de manera condicionada.
La descertificación, anunciada el 15 de septiembre, generó un efecto inmediato en la política interna y externa. Aunque la Casa Blanca aclaró que no retirará de manera total la cooperación hacia Colombia por “razones de interés nacional”, sí estableció condiciones para la continuidad de la asistencia.
El tema ha abierto un intenso debate en el país. Desde sectores de la oposición y algunos expresidentes se ha cuestionado la gestión del Gobierno frente al narcotráfico.
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