La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra varios docentes del municipio de Pitalito, Huila, por presuntos actos de violencia y entrada irregular a la sede de la alcaldía durante una jornada de protesta. Uno de los vigilantes del edificio resultó lesionado y requirió atención médica.
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra cinco docentes vinculados a la Secretaría de Educación del municipio de Pitalito, Huila, por su presunta participación en un ingreso irregular a la sede de la Alcaldía Municipal el pasado 16 de mayo de 2025, durante un plantón convocado por el magisterio frente al edificio gubernamental.
Los docentes investigados son María Eugenia Cárdenas Artunduaga, Tania León, Héctor Cerquera, Eduardo Mazabel y Calia Munar, quienes, según el órgano de control, habrían irrumpido en la sede administrativa durante la jornada de protesta, en hechos que podrían configurar faltas disciplinarias y posibles conductas punibles.
De acuerdo con el reporte de la Procuraduría, durante el ingreso a la alcaldía se habrían presentado actos de violencia y arbitrariedad contra servidores públicos que se encontraban en el lugar. Además, uno de los vigilantes encargados de la seguridad del edificio fue agredido y debió recibir atención médica en el hospital municipal de Pitalito debido a las lesiones sufridas.
La apertura del proceso fue asumida por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón (Huila), la cual tiene la misión de determinar si los comportamientos registrados el 16 de mayo constituyen una falta disciplinaria o si, por el contrario, están amparados por alguna causal de exclusión de responsabilidad, como el ejercicio legítimo de derechos fundamentales o situaciones de fuerza mayor.
“El propósito de esta investigación es establecer con claridad lo ocurrido, individualizar la posible responsabilidad de los docentes y garantizar el debido proceso en la etapa disciplinaria correspondiente”, expresó el órgano de control en un comunicado oficial.
En el mismo auto, la Procuraduría determinó compulsar copias a la Procuraduría Regional de Instrucción de Huila, para que, en atención a su competencia territorial, adelante la investigación contra otros dos docentes que, al parecer, también participaron en los hechos. Estos docentes estarían adscritos a la Secretaría de Educación del Departamento del Huila, lo que los ubica bajo una jurisdicción distinta.
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Por otro lado, la Procuraduría también remitió copias del expediente disciplinario a la Fiscalía General de la Nación, para que adelante las pesquisas pertinentes en el ámbito penal. La entidad considera que los hechos podrían constituir delitos que deben ser investigados por la justicia ordinaria, especialmente por la posible agresión a personal de seguridad y funcionarios públicos.
Este tipo de actuaciones se da en el contexto de una creciente tensión entre algunos sectores del magisterio del Huila y las autoridades locales, en medio de exigencias relacionadas con derechos laborales, mejoras en la infraestructura educativa y mayores garantías para el ejercicio docente. Sin embargo, los canales de diálogo y la protesta pacífica se han visto alterados por hechos como el ocurrido el 16 de mayo, que ahora son materia de investigación formal.
La Procuraduría recordó que el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución y debe ejercerse de forma pacífica, sin recurrir a vías de hecho ni afectar el funcionamiento de instituciones públicas. “El respeto a los servidores públicos, el cumplimiento de las normas y la protección de la integridad de todos los ciudadanos son principios esenciales para el fortalecimiento del Estado de Derecho”, subrayó la entidad.
Mientras avanza el proceso disciplinario, los docentes investigados podrían ser llamados a rendir versión libre y aportar pruebas que permitan esclarecer su grado de participación en los hechos, así como las circunstancias en las que ocurrieron. Las sanciones que se podrían derivar, en caso de comprobarse la falta, van desde amonestaciones hasta la suspensión o destitución del cargo, dependiendo de la gravedad y naturaleza de la conducta.
El caso ha generado diversas reacciones en el ámbito educativo y sindical del departamento, mientras se espera que tanto las investigaciones disciplinarias como penales avancen con celeridad y se garantice el derecho a la defensa de los implicados.
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