Por: María del Carmen Jiménez
El 25 de noviembre no es una fecha simbólica: es un recordatorio doloroso sobre la violencia contra las mujeres que sigue siendo la violación de derechos humanos más extendida, normalizada y tolerada en nuestras sociedades. Nació en memoria de las hermanas Mirabal, tres mujeres asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana, y hoy interpela a democracias que, a pesar de los discursos, aún no garantizan una vida libre de violencias para la mitad de la población.
En Colombia y buena parte del mundo la vida de las mujeres sigue siendo campo de batalla. Mientras los gobiernos publican frases de cajón y las instituciones repiten protocolos que casi nunca funcionan, miles de mujeres continúan enfrentando violencias que se mutan, y se agravan.
Es innegable que gracias a las acciones y luchas del movimiento social de mujeres ha habido avances. El país cuenta con un marco jurídico robusto- la Ley 1257, la tipificación del feminicidio, los protocolos de atención, que hace tres décadas habría sido impensable. La violencia dejó de ocultarse tras las paredes del hogar y hoy es un asunto de interés público, judicial y político.
Las mujeres denuncian más, hablan más y rompen silencios que antes parecían imposibles. Aunque frágiles, existen políticas públicas en nuestros territorios, casas de refugio, programas de nuevas masculinidades y observatorios que iluminan realidades que antes se negaban.
A pesar de esos avances crecen los retrocesos: el feminicidio no disminuye, las violencias extremas son cada vez más brutales y la impunidad continúa siendo el mensaje perverso que reciben las víctimas. Las violencias digitales -acoso, vigilancia, extorsión sexual, campañas de odio contra lideresas- avanzan con una rapidez mayor que la capacidad del estado para regularlas. A la par, sectores recalcitrantes patriarcales emprenden una ofensiva cultural para desmontar la educación sexual integral, negar la identidad e igualdad de género y caricaturizar al feminismo como un enemigo de la familia. Es un patriarcado que ya no se esconde: se organiza, se victimiza y se radicaliza.
El Estado en sus diferentes niveles tampoco logra responder con coherencia. Las rutas de atención siguen siendo un laberinto burocrático donde la revictimización es la regla y no la excepción. A una mujer le exigen pruebas imposibles mientras el agresor goza de libertad, y muchas veces de legitimidad social.
Por eso el 25 de noviembre no puede reducirse a discursos ni campañas publicitarias. Esta fecha exige decisiones políticas que vayan más allá de la retórica: presupuestos estables para la prevención, articulación real entre justicia, salud y educación, programas rigurosos de pedagogía para niños, niñas y jóvenes, y políticas serias de trabajo con hombres para construir nuevas masculinidades. No es posible eliminar la violencia sino se intervienen las causas culturales que la sostienen.
Aunque la herida esté abierta por las múltiples violencias contra las mujeres, seguiremos de pie, caminando por su dignidad. No habrá retorno al silencio.
