El fenómeno de la corrupción hace parte de la vida cotidiana en nuestro país desde décadas atrás, cuyos casos que se presentan en todas las esferas del Estado, son denunciados por los medios de comunicación y redes sociales y que los organismos de control se sienten impotentes y algunas veces negligentes para abordar dichas investigaciones, que por lo regular terminan en la impunidad judicial, porque se dejan vencer los términos. Los funcionarios y contratistas corruptos terminan embolillándose los recursos públicos que con mucho esfuerzo y sacrificio pagamos con nuestros impuestos. No hemos podido superar esta podredumbre estatal. Se ha convertido en un paisaje a pesar de los ingentes esfuerzos de las veedurías ciudadanas y de la sociedad colombiana que esperan resultados para castigar severamente a estos delincuentes. Tal es el saqueo sistemático a que ha sido sometido la UNGRD en el presente gobierno nacional. La convirtieron en la caja menor para buscar la aprobación legislativa de todas las Petro reformas.
Los ventiladores que han prendido los directores y algunos funcionarios públicos que se han acogido a beneficios para que la justicia les rebaje sus penas, han colocado al descubierto todas las argucias y triquiñuelas utilizadas por algunos servidores públicos del actual gobierno nacional, para robarse los dineros que iban a ser destinados para atender las emergencias que se han venido presentando en los últimos años. Los gobernadores, alcaldes y comunidades acuden de manera desesperada a gestionar y a implorar ayudas para buscar la forma de mitigar los efectos nefastos que les han dejado estas tragedias. Es muy triste que no encuentren respuestas satisfactorias para atender estas demandas sociales, que tienen condenadas a soportar los embates de la naturaleza, que por culpa de estos activistas que conforman redes delincuenciales hayan perpetrado estos detestables procedimientos para saquear las arcas del Estado. Y lo inaudito es que algunos congresistas se hayan prestado para aliarse a estos hechos criminales. Los cuales han sido orquestados desde la alta dirección del ejecutivo, como se está demostrando en las investigaciones que está adelantando la Corte Suprema de Justicia. La prestigiosa Revista Semana en su edición del pasado fin de semana y todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, ha difundido estas macabras practicas realizadas por algunos funcionarios del gobierno del cambio y del legislativo que estructuraron de manera maquiavélica los planes macabros para robarse los recursos del erario que estaban destinados para mitigar desastres y para salvar vidas. Nunca pensaron, ni piensan en el bienestar de las familias colombianas. Donde haya oportunidades, ahí están presentes. Es importante que los organismos de control continúen con las investigaciones. No dejen vencer los términos. Esos corruptos merecen ser condenados con mucha severidad y no merecen rebajas de penas. Miles de familias afectadas, están clamando ayudas para superar sus dificultades materiales y orgánicas. No hay derecho.
