Tras casi 17 años de incertidumbre, la familia de Juan Diego Martínez Peña logró darle una sepultura digna. Gracias a las confesiones de comparecientes de la fuerza pública ante la JEP y al trabajo coordinado con la Fiscalía, se identificó su cuerpo, víctima de ejecuciones extrajudiciales en el Huila.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
Después de años de incertidumbre, la familia de Juan Diego Martínez Peña pudo darle una despedida digna. El joven huilense, asesinado el 18 de julio de 2008 por integrantes del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’, fue finalmente identificado y entregado a sus seres queridos gracias al trabajo articulado entre la JEP, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal.
El hallazgo se logró en el marco del Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. Martínez Peña, quien tenía 23 años cuando desapareció, fue encontrado en el cementerio Jardines Remanso de Paz, en San José de Isnos, Huila.
Aunque su crimen había sido confesado durante el proceso judicial, la ubicación e identificación de su cuerpo solo fueron posibles recientemente. Ocho meses después de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Huila, donde ocho comparecientes admitieron su responsabilidad, su familia logró iniciar el duelo que por años estuvo suspendido.
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En la Audiencia de Reconocimiento, 28 de los 36 miembros de la fuerza pública imputados reconocieron su participación en 200 asesinatos, incluidas 32 desapariciones forzadas, cometidos entre 2005 y 2008. Sin embargo, los cinco generales imputados no aceptaron responsabilidad y son investigados actualmente por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
La identificación de Juan Diego Martínez Peña representa un paso importante en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas del Huila. Hasta el momento, solo dos de las 32 desapariciones forzadas documentadas en este departamento han sido plenamente esclarecidas.
El proceso ha permitido a la JEP superar el umbral de verdad establecido por la justicia ordinaria, evidenciando la magnitud de las prácticas sistemáticas contra la población civil y las causas estructurales que las originaron.
El caso de Juan Diego se enmarca dentro de un patrón criminal documentado por la JEP: homicidios y desapariciones forzadas de personas vulnerables, ajenas al territorio.
La entrega digna del cuerpo de Juan Diego renueva la esperanza de cientos de familias huilenses que aún buscan a sus seres queridos desaparecidos, y constituye un avance significativo en el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación.
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