Tras casi dos décadas de incertidumbre y dolor, la familia de Cristian Andrés López Gómez pudo finalmente despedirlo. Su nombre es el primero de las 32 víctimas de desaparición forzada documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Huila en el contexto de los denominados ‘falsos positivos’ Caso 03, crímenes en los que civiles fueron asesinados y presentados ilegalmente como bajas en combate por miembros de la fuerza pública.
Su caso hace parte del expediente que llevó a la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a 36 comparecientes del Ejército, acusados de 200 asesinatos y ocho tentativas de homicidio cometidos entre 2005 y 2008 en Huila. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP consolidó la evidencia y, luego de seis meses de investigación tras la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Huila, logró identificar a Cristian Andrés, quien hasta entonces permanecía en la lista de NN.
Un crimen encubierto por 17 años
Según la reconstrucción de los hechos, el 29 de junio de 2008, en la vereda La Cabaña de Suaza, miembros del pelotón Azteca 2 del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG) asesinaron a dos jóvenes y los enterraron sin identificar en el cementerio del municipio.
Años después, la madre de Carlos Mauricio Duque Pastrana, la otra víctima de ese operativo, logró ubicar la posible tumba de su hijo gracias a la información de un sepulturero. Las autoridades exhumaron ambos cuerpos y Duque Pastrana fue identificado rápidamente. Sin embargo, el proceso para determinar la identidad de Cristian Andrés tomó 17 años, hasta que un cotejo genético con las muestras proporcionadas por su madre, Amalia López, confirmó su identidad.
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La entrega digna de sus restos tuvo lugar en una ceremonia privada este sábado, donde familiares y allegados pudieron cerrar un duelo que la violencia les arrebató por casi dos décadas. Al acto asistieron el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli; el director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez Santoyo, y el magistrado auxiliar Fabián Martínez, quien ha participado en la investigación del Subcaso Huila.
La verdad judicial
Las confesiones de los comparecientes ante la JEP han permitido esclarecer la planeación meticulosa detrás de estos crímenes. Aunque los informes militares indicaban que el batallón había recibido información sobre la presencia de un grupo armado en la vereda Divino Niño de Suaza, la verdad judicial reveló otra historia.
Uno de los testimonios clave fue el del sargento (r) William Capera, quien detalló cómo se seleccionaban y ejecutaban las víctimas. Según su declaración, la operación fue planeada con cinco a ocho días de anticipación, y se reclutaron personas en condición de vulnerabilidad bajo engaños para luego asesinarlas y presentarlas como miembros de grupos ilegales.
El soldado José Fidel Orjuela ratificó que las víctimas no eran delincuentes y que fueron seleccionadas porque no tenían familiares que los reclamaran ni denunciaran su desaparición. En su testimonio, describió cómo el 28 de junio de 2008, el pelotón recibió a dos jóvenes en motocicleta con el argumento de que serían llevados a una base para verificar su identidad. Horas después, en la madrugada del 29 de junio, fueron ejecutados en la parte más alta de la vereda La Cuchilla, un lugar inaccesible para evitar que las autoridades judiciales pudieran inspeccionar la escena del crimen.
El caso de Cristian Andrés López Gómez evidencia un patrón sistemático de asesinatos y desapariciones forzadas en Huila, similar a lo documentado en Norte de Santander, la Costa Caribe, Antioquia y Casanare. La JEP ha identificado que muchas de las víctimas fueron atraídas bajo engaños o reclutadas con falsas promesas de trabajo para luego ser ejecutadas.
En la entrega digna de Cristian Andrés, el magistrado Alejandro Ramelli expresó el significado de este acto para su familia y para el país:
“Cristian Andrés López Gómez no fue un delincuente ni se enfrentó a integrantes del Ejército. Fue un joven de 16 años, un hijo y un hermano que nunca debió ser asesinado ni desaparecido. Hoy hacemos entrega de su cuerpo para que descanse en la paz que merece. Este acto es un paso en un largo proceso de duelo y restauración. Aunque no borra el sufrimiento, es un reconocimiento de su vida y del profundo impacto que tuvo en quienes lo amaron”.
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