Los bajos recaudos que se han presentado durante los últimos tres años producto de la aplicación incoherente de los instrumentos de la política económica en el país, que con el aumento de la criminalidad, ha provocado desincentivos y cierres de empresas que han dejado de tributar a la Dian; tienen en ascuas al gobierno nacional para financiar el funcionamiento del Estado y para atender las demandas sociales. El ejecutivo ha tenido un manejo irresponsable de las finanzas públicas. Por este motivo, le está pasando factura por la irracionalidad que ha propiciado para que persistan unos desequilibrios financieros por la forma de incrementar el gasto público durante los últimos 38 meses, sin tener en cuenta la disminución progresiva que han presentado los recaudos tributarios de la Nación. No se vislumbra al final de túnel, la luz que permita fortalecer la política tributaria. La regla fiscal fue establecida por la Ley 1473 de 2011, la cual busca: asegurar la estabilidad de las finanzas públicas de tal forma que no se supere el límite de deuda. Es decir, es un mecanismo legal para poner límites a los niveles de gasto y de endeudamiento en los que el Gobierno Nacional puede incurrir. Durante los tres años, las autoridades económicas ya probaron que no saben trabajar con reglas fiscales, ni acuerdos presupuestales, su actitud de poca conciliación hará de 2026, otro año fiscal en rojo.

Además, en Colombia, los que pagan impuestos es una minoría. Siempre la carga tributaria recae entre los mismos de siempre: empresarios, empleados formales, mientras las hordas de informales, tanto las personas naturales como jurídicas, amasan sus fortunas por fuera de un sistema tributario inequitativo, regresivo, obsoleto, vetusto y desigual. Y como si fuera poco, el gobierno nacional se ha vuelto muy creativo e innovador para buscar la aprobación de leyes de financiamiento y expedición de Decretazos para elevar los precios de los combustibles, aumento de los aranceles de los vehículos importados y a cuanta actividad económica que genere riqueza en la estructura productiva del país. Es absurdo que se continúen con estos abusos a los exiguos ingresos de los colombianos.

Mientras se sigue manteniendo un exceso del gasto público. Actualmente tienen 1,3 millones de contratistas, apertura irresponsable de embajadas donde no se necesitan, inclusive nombramientos como el embajador de Colombia en Palestina, donde fue nombrado y posesionado el exalcalde Cali Jorge Iván Ospina, al cual se han pagado sueldos, pago de trasteos, sin haber ejercido un solo día y que vive en la capital del departamento del Valle. Y por ultimo los 74 viajes del presidente al exterior con amplias comitivas burocráticas. En lo que resta de su periodo, el presidente Petro tiene pendiente mas de dos docenas de viajes pendientes. Lo tienen frenado, la inclusión a la Lista Clinton y por las demás sanciones que le puedan aplicar las autoridades norteamericanas.