La sociedad colombiana está atravesando un momento muy complejo y difícil, por la agudización que se ha presentado en la prestación de los servicios de salud, cuya responsabilidad constitucional la tiene el Estado Colombiano. Infortunadamente el gobierno nacional ha convertido este tema en un asunto netamente político. Debe ser técnico. Esta crisis se ve reflejada en las interminables colas de pacientes, donde se observan los dispensarios que no les está suministrando los medicamentos, que conduzcan a la recuperación de su estado de salud. Es deprimente mirar la tristeza y el desespero de los usuarios enfermos, cuando el personal encargado de estas oficinas les manifiesta que no tienen en el inventario dichos medicamentos. Se ven obligados a buscar los recursos de su propio peculio o tramitar créditos para adquirirlos. Lo anterior, solo está ocurriendo en el gobierno del cambio. Los estrados judiciales están atestados de demandas por las miles de tutela que han fallado.
En el pasado Consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro Urrego en lugar de estructurar estrategias para solucionar este profundo problema social y económico, que está presentando el Sistema Nacional de Salud, empezó con su discurso ideológico, retórico y totalmente descontextualizado, responsabilizando a otros actores de la vida pública, de la responsabilidad de la crisis en que se encuentran las familias colombianas. Con amenazas y culpando a gobiernos anteriores, empezó a fabricar cortinas de humo con el fin de desviar la atención sobre la ineptitud e incapacidad gubernamental, para solucionar la crisis de la salud pública, que está desencadenando muertes y aumentando el rechazo a su gestión por parte del constituyente primario.
Y como si fuera poco, las EPS que han sido intervenidas por el gobierno nacional y que se encuentran dirigidas por personas afectos al ejecutivo, se sienten impotentes porque la Adres no les ha girado todos los recursos que han sido comprometidos para pagar las atenciones hospitalarias de sus pacientes afiliados. Ya están dejando de recibir atención en los hospitales públicos y clínicas privadas, porque les adeudan desde años atrás los servicios prestados. Los pacientes que sufren de enfermedades raras están condenados a morir. No encuentran los medicamentos que en otrora les han formulado los galenos de la medicina, los cuales siempre deben ser entregados como ocurría en épocas pretéritas y ahora no encuentran respuesta positiva de estas entidades porque el gobierno nacional, no les transfiere los recursos suficientes para adquirirlos. No se puede seguir jugando con la salud de las personas. A ellas no les interesa los líos y confrontaciones políticas que presenta el actual gobierno. Al igual que los pacientes que requieren atenciones especializadas y procedimientos quirúrgicos que se encuentran represados desde meses anteriores, las cuales son negadas ante las disputas políticas intestinales de un Estado inhumano, que no le interesa en nada el bienestar de las familias colombianas.
