El Tribunal Administrativo del Huila resuelte una acción popular que interpuso Fede Colombia. Municipios del Huila fueron vinculados al proceso.
Diario del Huila, Investigación
Por: Carlos Andrés Pérez Trujillo
Una acción popular presentada ante el Tribunal Administrativo del Huila describe un panorama de creciente deterioro del orden público en distintas zonas del Departamento y atribuye a entidades del orden nacional la presunta omisión en la protección de derechos colectivos como la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la defensa de los bienes de uso público.
Los accionantes —integrantes de la Fundación para el Estado de Derecho— relatan un incremento sostenido de la violencia y de la influencia territorial de grupos armados al margen de la ley, especialmente desde la implementación y posterior suspensión del cese al fuego bilateral con estructuras como el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC-EP y la Segunda Marquetalia.
La demanda, radicada el 26 de julio de 2024, va dirigida contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y solicita la intervención urgente del Estado para restablecer condiciones mínimas de seguridad en el departamento. El escrito plantea que la omisión gubernamental en el control territorial ha facilitado la expansión armada de distintos frentes y columnas móviles, afectando a la población civil, comunidades indígenas, niños, niñas y adolescentes, así como a miembros de la Fuerza Pública.
Un panorama general de escalamiento de la violencia
El documento señala que, tras el decreto del cese al fuego bilateral temporal, la presencia de grupos armados en el Huila se incrementó, acompañada de acciones que alteraron el orden público y la seguridad. Para los accionantes, esta situación evidencia una ausencia o presencia diferenciada del Estado, lo que impide asegurar el goce efectivo de derechos, especialmente en territorios rurales y en comunidades con altos niveles de vulnerabilidad.
La acción popular comienza por describir la presencia actual de organizaciones armadas ilegales. Según el escrito, en el departamento operan estructuras del EMC, entre ellas los frentes Darío Gómez, Iván Díaz, Isaías Pardo e Ismael Ruiz, así como la columna móvil Dagoberto Ramos, vinculada a actividades relacionadas con cultivos ilícitos como la marihuana. También se reporta la actuación de la Segunda Marquetalia mediante la columna móvil Teófilo Forero.
Estas organizaciones, según el relato, habrían fortalecido su capacidad militar, extendido su control territorial y social e incrementado acciones hostiles contra la población civil y las autoridades, lo cual motivó la interposición de la acción popular.
La afectación
Aunque el escrito abarca múltiples localidades, todas con afectaciones distintas, la demanda señala que el patrón general es el mismo: incremento de ataques, intimidaciones y mecanismos de control social por parte de los grupos armados. Así, se reseña la afectaciones en cada municipio.
La Plata
Según la demanda, en La Plata se han registrado emboscadas, atentados y hostigamientos constantes contra la población y la Fuerza Pública. Además, en zonas rurales se han presentado situaciones de control territorial mediante la instalación de símbolos de grupos armados, como banderas alusivas a organizaciones ilegales, lo cual se interpreta como señal de su consolidación en la zona.
Los accionantes afirman que estas acciones han generado confinamiento, restricciones a la movilidad, reuniones obligatorias, imposición de manuales de conducta, multas y sanciones pecuniarias, así como extorsiones y secuestros.
Neiva
La capital del departamento también aparece en el documento como un territorio afectado por episodios recurrentes de violencia. La demanda menciona el uso constante de artefactos explosivos y otras acciones que ponen en riesgo tanto a la población como a miembros de la Fuerza Pública.
El escrito también alude a masacres atribuidas a estructuras armadas, lo que evidencia que, pese al estatus de Neiva como eje urbano, no ha estado exenta del escalamiento del conflicto.
Algeciras
El documento describe a Algeciras como un municipio históricamente golpeado por la presencia de actores armados ilegales. Allí, según el relato, se han intensificado amenazas, intimidaciones, formas de control social, instalación de minas antipersonal y enfrentamientos armados. También señala afectaciones directas a la población civil y la continuidad de actividades que restringen la vida comunitaria.
Garzón
En Garzón, la acción popular menciona actos de intimidación, presencia de grupos ilegales y situaciones que incrementan el riesgo para la población, aunque con menor intensidad comparada con los municipios más críticos. Aun así, se advierte un deterioro progresivo que afecta la seguridad colectiva.
Aipe
En Aipe, la demanda señala casos de acciones armadas y la presencia de estructuras ilegales que alteran la tranquilidad de las zonas rurales. También se mencionan afectaciones a la movilidad y hechos que han puesto en riesgo a habitantes y autoridades locales.
La Argentina
La acción indica que en este municipio la presencia de grupos operativos ha generado enfrentamientos y actos de presión hacia la comunidad. El documento menciona situaciones en las que la población ha quedado atrapada en medio de disputas entre actores armados.
Gigante
En Gigante, según el relato, se registran amenazas a líderes, circulación de panfletos intimidatorios y actividades asociadas al control territorial por parte de grupos armados. Estas acciones habrían incrementado la percepción de inseguridad en zonas rurales.
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Hobo
El escrito refiere episodios de hostigamiento, presencia de grupos ilegales y alteraciones del orden público similares a las documentadas en otros municipios, aunque con impacto diferenciado según la intensidad de las acciones armadas.
Los sujetos de especial protección
La demanda dedica un segmento amplio a señalar vulneraciones contra comunidades que requieren mayores garantías estatales. Los accionantes afirman que las comunidades indígenas sufren afectaciones graves a su seguridad, integridad cultural, gobierno propio y territorios ancestrales debido a hostigamientos, confinamientos, reclutamiento forzado y desplazamientos.
En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, la acción popular sostiene que se encuentran en riesgo alto de reclutamiento, uso y vinculación a estructuras criminales. También se menciona el riesgo de desplazamiento como mecanismo de autoprotección ante amenazas recibidas por sus familias.
Por último, respecto a miembros de la Fuerza Pública, el documento indica que enfrentan condiciones adversas debido a la expansión territorial de grupos armados y a la falta de apoyo suficiente para garantizar el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
Responsabilidad atribuida a las autoridades nacionales
Uno de los ejes principales del escrito consiste en atribuir al Gobierno Nacional la omisión de sus funciones constitucionales y legales en materia de seguridad y preservación del orden. Para los accionantes, la falta de intervención efectiva ha permitido el “despliegue armado y expansión territorial” de los grupos ilegales en el Huila.
La demanda argumenta que el Gobierno ha incumplido su deber de asegurar la integridad del territorio y la protección de la ciudadanía, permitiendo que actores armados ilegales impongan normas paralelas de control social y restrinjan derechos fundamentales y colectivos. Asimismo, advierte que las entidades estatales no han atendido de forma adecuada los llamados de comunidades indígenas, líderes sociales, autoridades locales y organismos de control.
El escrito enfatiza que el objetivo de la acción popular no es cuestionar la política de paz, sino evitar que mientras se adelantan diálogos con estructuras armadas, se permita simultáneamente su fortalecimiento territorial.
Lo que buscan
Este pleito, según los accionantes, busca que el Tribunal Administrativo del Huila adopte medidas cautelares inmediatas para conjurar lo que denomina una crisis de seguridad. Entre las solicitudes se encuentra la adopción de un Plan de Respuesta Urgente, elaborado entre la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Fuerza Pública, con acciones específicas para garantizar el orden constitucional en el Huila y atender a los municipios priorizados.
También pide crear un Equipo Especial de Contingencias, con representantes del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional, encargado de presentar informes mensuales sobre la situación de seguridad y las acciones emprendidas frente a incidentes registrados.
Adicionalmente, solicita declarar vulnerados derechos colectivos de niños, niñas, adolescentes e indígenas, y ordenar la implementación de programas especiales de protección.
El Tribunal Administrativo del Huila, al admitir la demanda vinculó al Departamento del Huila y los municipios sujetos de la controversia, quienes ya respondieron. El otro año se dará la primera decisión.
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