El más reciente Informe Anual sobre la Estrategia Internacional para el Control de Estupefacientes (INCSR), publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, resalta los avances de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, evidenciando un récord histórico en interdicción de cocaína durante 2024, con un aumento del 14% respecto a 2023.
El informe evalúa los esfuerzos de 60 países en la lucha contra las drogas, incluyendo el tráfico ilícito, el control de sustancias químicas, el lavado de activos y otros delitos financieros. En el caso de Colombia, se reconoce el impacto de la cooperación bilateral con EE.UU. y el enfoque integral que busca abordar tanto la producción como la distribución de estupefacientes.
Interdicción y cooperación internacional
El reporte destaca que, además del incremento en la incautación de cocaína, también se logró un aumento significativo en la detección y decomiso de precursores químicos, fundamentales en la producción de drogas ilícitas. Estos resultados son fruto del trabajo conjunto entre agencias de seguridad y del fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
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Uno de los puntos clave del informe es la mención al Plan de Acción Conjunto de Seguridad Regional (USCAP, por sus siglas en inglés), el cual es reconocido como una de las iniciativas más prometedoras en la región para el fortalecimiento de la fuerza pública y la contención de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
Política de drogas: enfoque integral y desarrollo alternativo
El informe también señala la importancia de la Política Nacional de Drogas 2023-2033 «Sembrando Vida, Desterramos el Narcotráfico», impulsada por el Gobierno colombiano. Estados Unidos acogió con satisfacción esta estrategia, pero instó a acelerar su aplicación, incluyendo medidas de erradicación y control territorial en las zonas más afectadas por el narcotráfico.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno colombiano reiteró que su estrategia no busca normalizar ni convivir con el narcotráfico, sino implementar mejores herramientas para combatirlo, al tiempo que se promueven alternativas económicas sostenibles para las comunidades que dependen de los cultivos ilícitos.
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