La elección del próximo contralor de Neiva arrancó en medio de fuertes cuestionamientos. Un exconcejal denunció que la universidad seleccionada para liderar el proceso fue habilitada pese a obtener solo 32 de 100 puntos, lo que, según él, abre la puerta a un “contralor de bolsillo” y vulnera la transparencia del concurso.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
El proceso de selección del próximo contralor y secretario general del Concejo de Neiva ha generado una fuerte controversia. El exconcejal Johan Steed Ortiz, en declaraciones a Diario del Huila, expuso una serie de presuntas irregularidades que, según él, comprometen la transparencia y legalidad del procedimiento. La denuncia ya fue presentada ante la Procuraduría Regional y busca que también intervenga la Fiscalía General de la Nación.
Según Ortiz, la controversia gira en torno a la elección de la Universidad del Tolima como encargada de adelantar la convocatoria, la cual habría sido admitida como único proponente habilitado a pesar de haber obtenido tan solo 32 puntos de 100 posibles en la evaluación técnica y económica, y de haber sido inicialmente inadmitida.
Proceso cuestionado
El exconcejal relató que a la convocatoria se presentaron dos instituciones: la Universidad del Atlántico y la Universidad del Tolima. Sin embargo, la mesa directiva del Concejo permitió a esta última subsanar documentos que no había presentado en el momento de radicar la oferta. Para Ortiz, esta actuación contradice lo estipulado en la Resolución 088 de 2025, que regula el proceso y define los parámetros de habilitación y subsanación.
“La preocupación nace porque una universidad que apenas alcanzó el 32 % de los criterios exigidos terminó siendo la única avalada para llevar un proceso tan estratégico. No es un simple error administrativo, es una irregularidad que pone en duda la objetividad del procedimiento”, manifestó.
El informe de evaluación, explicó Ortiz, otorgó cero puntos a la Universidad del Tolima en aspectos como la acreditación de formación y experiencia adicional del equipo de trabajo, así como en la certificación de programas de derecho, economía, contabilidad, psicología o administración con acreditación de alta calidad. A pesar de estas falencias, la propuesta fue aceptada.
Posible impacto en la elección
El exconcejal advirtió que esta situación podría derivar en la elección de un contralor sin las garantías de independencia y mérito que el cargo exige. El contralor municipal es el responsable de ejercer control fiscal sobre más de un billón de pesos en recursos públicos, lo que convierte su designación en un asunto de alto interés para la ciudad.
En sus declaraciones, Ortiz expresó su temor de que se repita la figura del denominado “contralor de bolsillo”, aludiendo a antecedentes en Neiva donde procesos de elección han estado marcados por cuestionamientos, investigaciones y sanciones. Incluso mencionó versiones según las cuales la persona que se busca posicionar tendría vínculos con el “clan Barreto” del Tolima, lo que —según su apreciación— refuerza la necesidad de una vigilancia especial.
“Estamos frente a un procedimiento que debería ser intachable y que, por el contrario, arranca con vicios graves. Si desde la elección de la universidad operadora hay dudas, ¿qué podemos esperar del resultado final?”, cuestionó.
Contexto legal: Resolución 088 de 2025
La Resolución 088 de 2025 establece las reglas para la contratación de la universidad operadora. Según Ortiz, este documento es claro en que ciertos requisitos no pueden ser subsanados una vez vencido el plazo de presentación, especialmente aquellos relacionados con experiencia, acreditaciones y documentos esenciales de la propuesta.
Principios vulnerados según la denuncia:
- Igualdad entre oferentes – No todos tuvieron la oportunidad de subsanar en las mismas condiciones.
- Transparencia – La habilitación posterior genera opacidad sobre las decisiones de la mesa directiva.
- Objetividad – La baja calificación técnica cuestiona la idoneidad del proponente seleccionado.
Antecedentes en Neiva
En los últimos años, Neiva ha enfrentado varios escándalos relacionados con la elección de contralores. Entre ellos:
- 2019: Investigaciones contra concejales por presuntas irregularidades en la elección del contralor municipal.
- 2021: Procesos judiciales que derivaron en capturas y sanciones contra cabildantes.
- 2023: Observaciones de entes de control sobre la falta de meritocracia en convocatorias similares.
Estos antecedentes, señala Ortiz, hacen indispensable que el proceso actual sea “a prueba de dudas”.
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Llamado a los entes de control
Ortiz señaló que ya radicó formalmente una denuncia ante la Procuraduría Regional del Huila solicitando la apertura de una actuación preventiva, con el fin de que se revise la legalidad de las actuaciones de la mesa directiva del Concejo. Además, pidió que la Fiscalía investigue si en el proceso se han configurado irregularidades que puedan tener relevancia penal.
En sus argumentos, el denunciante enfatizó que la Resolución 088 de 2025 no permitiría subsanar la falta de ciertos documentos presentados fuera del plazo de radicación de la propuesta, por lo que, a su juicio, la aceptación posterior vulnera el principio de igualdad entre oferentes.
“Si la normativa dice que determinados requisitos no pueden ser subsanados, no se entiende cómo se hizo una excepción en este caso. Esto, además de vulnerar las reglas del juego, genera un mensaje de desconfianza hacia la ciudadanía”, señaló.
Solicitud de revocatoria
Como medida concreta, Ortiz propuso que el Concejo revoque la admisión de la propuesta de la Universidad del Tolima y que se abra un nuevo proceso de selección con plena sujeción a la ley, garantizando igualdad de oportunidades para todos los oferentes.
“Lo que pedimos no es nada extraordinario: que se respete la norma, que se asegure la transparencia y que se elija a la mejor opción en un proceso abierto y competitivo. La elección del contralor no puede estar marcada por intereses particulares”, indicó.
Preocupación por antecedentes
El exconcejal recordó que en procesos anteriores en Neiva se han presentado situaciones que han derivado en investigaciones y hasta en capturas de concejales por presuntas irregularidades en la elección de contralores. Por ello, afirmó que este caso merece especial atención y control para evitar que se repitan esos antecedentes.
“No podemos olvidar que en Neiva ya hemos tenido concejales privados de la libertad por su participación en procesos cuestionados. Por eso, la transparencia debe ser un principio inquebrantable en esta elección”, dijo.
Debate sobre la modalidad de presentación
Ortiz también cuestionó las exigencias en la modalidad de radicación de las propuestas, señalando que, aunque actualmente existen mecanismos virtuales que permiten el envío por correo electrónico, el Concejo exigió la presentación física. A su juicio, esta restricción pudo limitar la participación de otras instituciones.
“Hoy la tecnología permite enviar documentación de forma segura y verificable. Limitar la radicación a un formato físico es una barrera innecesaria y desactualizada que puede restringir la competencia”, comentó.
Advertencia sobre riesgos para la ciudad
Para el denunciante, un contralor elegido en condiciones de cuestionamiento no solo afecta la legitimidad de la institución, sino que también pone en riesgo la correcta vigilancia de los recursos públicos. Según sus palabras, con los problemas actuales de Neiva, la ciudad no puede permitirse un órgano de control debilitado.
“Estamos hablando de vigilar más de un billón de pesos. Si el contralor no llega con independencia y legitimidad, es muy probable que la ciudad siga perdiendo recursos y que la ciudadanía pierda confianza en sus instituciones”, afirmó.
Llamado final
Ortiz insistió en que su papel no es político sino ciudadano, actuando como veedor para garantizar que el proceso se ajuste a la ley y responda al interés público. Reiteró su disposición a seguir de cerca la evolución de la convocatoria y a alertar a los organismos competentes sobre cualquier nueva irregularidad que detecte.
“Seguiremos atentos y vigilantes. Este es un llamado a que el Concejo reflexione, que la mesa directiva rectifique y que la ciudad entienda que un buen contralor es garantía de que los recursos públicos se usen correctamente”, concluyó.
Procuraduría apertura investigación
En medio de la controversia, trascendió que la Procuraduría Regional de Instrucción Huila citó a los concejales Juan Carlos Parada Moreno, Miller Osorio Montenegro y Jesús Andrés Garzón Roa miembros de la mesa directiva del Concejo de Neiva, para notificarle la apertura de una investigación disciplinaria mediante el Auto No. 41 del 13 de agosto de 2025, dentro del expediente IUS E-2025-404088 IUC-D-2025-4101976. El proceso, relacionado con su papel como disciplinado, obliga al cabildante a comparecer en un plazo de cinco días hábiles, so pena de ser notificado por edicto. Esta actuación se da en paralelo a las denuncias ciudadanas y de exconcejales sobre presuntas irregularidades en la contratación de la universidad encargada del concurso para contralor y secretario general, lo que aumenta la tensión política alrededor del proceso.
Universidad del Tolima, señalada por baja calificación en la evaluación.
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