Comunidades de las veredas Aipecito, Chapinero y San Luis afirman que han sido víctimas de vulneraciones a sus Derechos Humanos, en medio del conflicto armado que históricamente ha afectado a esta zona de Neiva. Piden garantías para la población y respeto por sus vidas.
Diario del Huila conoció que, ante la Defensoría del Pueblo del Huila, campesinos de la zona rural de Neiva denunciaron graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) presuntamente cometidas por las Fuerzas Militares.
La situación, según el informe entregado a este medio por la Defensoría, se habría originado luego de la operación ejecutada por la Policía Nacional y el Gaula Militar, que concluyó con la muerte de alias ‘May’. Posteriormente, surgieron versiones que cuestionan el actuar de las Fuerzas Militares durante dicho operativo.
Cabe recordar que el operativo se llevó a cabo en abril de 2025 en la zona rural del corregimiento de Chapinero, en Neiva, donde las autoridades abatieron a Freddy Galeano, alias “May”, quien fungía como segundo cabecilla de la estructura “Ismael Ruiz” de las disidencias de las FARC. Junto a él, fueron neutralizados otros cuatro integrantes de ese grupo armado ilegal.
Alias “May” era señalado de múltiples crímenes, entre ellos homicidios selectivos de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz en el Tolima, así como extorsiones a mineros, comerciantes y agricultores en el sur de ese departamento y en el norte del Huila.
Además, se le atribuía el atentado contra una patrulla de la Policía Nacional en 2022, en San Luis de Neiva, donde murieron siete uniformados. Durante el operativo, las fuerzas militares incautaron cuatro fusiles M4, un revólver Smith & Wesson, 24 proveedores y material de intendencia. Las autoridades continúan con las investigaciones para desarticular completamente dicha estructura criminal.
Denuncia de la comunidad
Tras conocerse la denuncia, Diario del Huila estableció comunicación con líderes comunales de la zona rural de Neiva. Luis Eduardo Loaiza, representante de la Asociación Campesina Primavera, señaló:
“Las comunidades han realizado denuncias respecto a los operativos militares que se han llevado a cabo, en los cuales fueron neutralizados algunos guerrilleros o disidentes. El problema, según la comunidad, es la forma como se han ejecutado estos operativos, que nos deja en una situación de alta vulnerabilidad”.
El líder enfatizó que al menos dos viviendas han resultado afectadas por impactos de proyectiles. Una de ellas está ubicada en la vereda La Libertad y la otra en Chapinero.
“Ya se han interpuesto las denuncias correspondientes, porque las casas quedaron dañadas por los impactos de bala, y también los animales resultaron afectados”, agregó Loaiza.
Comunidades en medio del conflicto
De acuerdo con las comunidades, los pobladores campesinos están hoy a merced de las adversidades del orden público. Se encuentran expuestos a los enfrentamientos entre grupos armados y la Fuerza Pública, sumado al abandono por parte del Estado.
A esta situación se suman las presiones e intimidaciones de los grupos armados ilegales, que convierten al campesino en un instrumento para sus fines. “Llega una persona con un arma y pide quedarse, ¿yo cómo le digo que no?”, relató un líder comunal.
Según Loaiza, se ha venido “sistematizando” al campesino, convirtiéndolo en objetivo dentro de los operativos. “Y entonces vienen las consecuencias de lo que ya se ha narrado anteriormente, especialmente en el caso ocurrido en la zona de Chapinero”.
En ese lugar, indicó, murieron cuatro jóvenes, presuntamente pertenecientes a las disidencias. “Incluso había menores de edad, según denuncian las comunidades, al parecer con menos de 15 años”.
“Esto nos preocupa. Porque, como dice el presidente, hay que cuidar a la juventud, y hoy los jóvenes del campo están vulnerables. Enfrentan dos caminos: irse a la ciudad, donde pueden terminar en condiciones de miseria y alejados de su cultura; o se van al Ejército o a la guerrilla”, lamentó el líder.
Por su parte, Jhon Henry Narváez, líder social y comunitario del corregimiento Aipecito, manifestó:
“Se nos están vulnerando nuestros derechos como campesinos, productores y trabajadores; en educación, salud, trabajo, vivienda y, sobre todo, el derecho a la vida”.
Añadió que los campesinos no pidieron estar en medio del conflicto armado: “Ahora nos toca organizarnos entre nosotros mismos y crear una red de apoyo”.
¿Qué piden las comunidades campesinas?
“Lo que hemos venido pidiendo desde hace tiempo es que se respete el Derecho Internacional Humanitario, que se excluya a la población civil del conflicto armado y que no nos involucren a los campesinos en esto”, reclamó Luis Eduardo Loaiza.
Las comunidades reconocen la complejidad de la situación de seguridad a nivel nacional y departamental, pero piden que se evite exponerlos a hechos violentos o atropellos.
“Tenemos personas afectadas moral y psicológicamente en Chapinero, donde fue la última intervención militar, así como en La Libertad Alta. Son familias enteras con niños en condiciones muy complejas, que claramente se enmarcan en posibles violaciones al DIH”, afirmó el líder campesino.
Respuesta de la Defensoría
En su documento de respuesta a Diario del Huila, la Defensoría del Pueblo señaló que:
“El día 4 de marzo de 2025, en la vereda La Libertad del corregimiento San Luis (zona rural de Neiva), se presentó un operativo del Ejército contra integrantes del Frente Ismael Ruiz del Bloque Central Isaías Pardo del Estado Mayor Central – EMC. Según la Fuerza Pública, se realizó un allanamiento con orden judicial a una vivienda, donde murió un integrante del grupo armado, fueron capturados cuatro más (entre ellos ‘Jeiner Acosta’, persona de confianza de alias ‘May’) y fue recuperado un menor de edad víctima de reclutamiento. En ese hecho también murió un soldado profesional”.
En la misma operación se incautaron seis fusiles, un lanzagranadas, ocho granadas, un revólver, una mira telescópica, seis radios, cuatro chalecos, equipos de campaña, municiones, proveedores, cuatro pancartas alusivas al Frente Ismael Ruiz y dos banderas de las FARC-EP.
El 6 de abril de 2025, en la vereda Líbano del corregimiento de Chapinero (zona rural de Neiva), el Gaula de la Policía realizó otro operativo contra el mismo grupo. Allí, según la Fuerza Pública, murieron cinco integrantes del grupo armado, entre ellos un menor de edad y Freddy Galeano (‘May’).
Ante las quejas de los pobladores de los sectores donde se desarrollaron los operativos, la Defensoría del Pueblo ha iniciado labores de verificación en terreno para determinar si se configuraron infracciones al DIH, como violación a los principios de distinción y proporcionalidad, interposición de la población civil, uso excesivo de la fuerza, afectación a bienes civiles y posibles privaciones arbitrarias de la vida.
Claridad frente a los hechos
Las comunidades campesinas piden que los hechos sean esclarecidos e investigados. Aseguran que ni siquiera en la época de la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe fueron sometidos a estas situaciones.
“Hoy, si hay una guerrilla en una casa, le lanzan un bombazo y destruyen todo, incluida la familia. Dicen que era un objetivo militar, y punto. Pero eso no es bueno para el país, ni para la sociedad colombiana. La paz no se concibe con este tipo de hechos”, denunciaron.
Para los campesinos, la paz debe construirse desde lo social, con acompañamiento institucional, inversión en el campo, educación, salud, vías, comunicaciones y acceso a internet para los jóvenes. “Muchos terminan tomando decisiones erradas por falta de oportunidades. Si se les brindan herramientas, podrán quedarse en el campo y construir un futuro mejor”, expresaron.
¿Qué dice el Ejército?
Al ser consultado por los hechos, El coronel de la Novena Brigada del Ejército afirmó que si bien en la operación referenciada no hubo participación de las tropas de esta unidad, el desarrollo de estos operativos se enmarca en el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. “Fue un operativo donde tanto la Policía como el Ejército Nacional actuamos como garantes del respeto a los Derechos Humanos. Todo se enmarcó en el derecho. En combate, prima la vida de un soldado o un policía, pero nuestra razón de ser es proteger a la población civil”.
Aseguró que las operaciones han permitido 30 capturas, la recuperación de 11 menores de edad y la muerte de solo tres personas en desarrollo de las acciones, lo cual —según él— evidencia la transparencia del actuar militar. “También hemos tenido soldados asesinados por estos grupos armados”, agregó.
Diario del Huila consultó al secretario de Gobierno de Neiva, José Ferney Ducuara, quien indicó que no tenía conocimiento de la denuncia. Sin embargo, aclaró que las operaciones referidas fueron ejecutadas a nivel nacional.
