El presidente Gustavo Petro enfrenta una nueva denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, luego de que se conociera que en un documento público aseguró bajo juramento que Verónica Alcocer era su esposa, pese a haber declarado tiempo después que estaban separados “hace años”. El caso se suma a la controversia por su inclusión en la Lista Clinton y a las dudas sobre un presunto lavado de activos.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
La controversia que envuelve al presidente Gustavo Petro y a Verónica Alcocer sigue creciendo. Tras la reciente inclusión de ambos en la llamada Lista Clinton, que agrupa a personas y entidades señaladas por vínculos financieros irregulares con actividades ilícitas, ahora el mandatario colombiano enfrenta una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
El denunciante, el profesor y experto en finanzas criminales Juan Carlos Portilla, pidió a dicho órgano investigar la presunta comisión de los delitos de falsedad en documento público y lavado de activos, a raíz de las inconsistencias entre lo declarado por Petro en un formulario oficial de la Presidencia de la República y sus propias afirmaciones públicas meses después.
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La denuncia
Según el documento radicado, el 11 de noviembre de 2024, el presidente presentó ante la Presidencia su declaración de bienes, rentas y conflictos de interés, en la cual afirmó bajo gravedad de juramento que Verónica del Socorro Alcocer García era su cónyuge o compañera permanente. Sin embargo, en octubre de 2025 el propio mandatario publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que estaba separado de Alcocer “desde hace años”, contradiciendo así la información oficial.
El denunciante explicó que adjuntó copia del formulario público como prueba fundamental, junto con los mensajes publicados por el presidente en redes sociales, en los que él mismo admitió que la separación con Alcocer era un hecho de vieja data. De acuerdo con Portilla, este contraste podría configurar una “inexactitud o falsedad en documento público susceptible de investigación penal”.
Además de la supuesta falsedad, la denuncia pide a la Comisión que adelante verificaciones sobre los bienes y movimientos financieros tanto del presidente como de Alcocer y de su círculo cercano, a raíz de su aparición en la Lista Clinton. En ese sentido, Portilla solicita una revisión exhaustiva de la información bancaria, reportes de operaciones sospechosas y análisis de inteligencia financiera de diversas jurisdicciones, incluidas Italia, Panamá, Estados Unidos y las Islas Caimán.
El denunciante fundamentó su solicitud en la necesidad de esclarecer si los bienes del mandatario y su entorno tienen un origen legítimo, señalando que la coincidencia temporal entre la inclusión en la Lista Clinton y las inconsistencias documentales podría no ser fortuita.
El profesor Portilla argumentó también que, de comprobarse que el presidente incurrió en falsedad bajo juramento, se estaría frente a un hecho grave por tratarse del jefe de Estado y porque el documento en cuestión tiene carácter público, lo que implicaría una afectación directa a la fe pública. “Se trata de un formulario oficial publicado por la Presidencia de la República, lo que agrava la responsabilidad del declarante”, sostuvo.
La denuncia contra Petro se suma a la que ya había sido presentada contra Verónica Alcocer, también por presunto lavado de activos y por la necesidad de esclarecer los movimientos patrimoniales de la pareja. El caso, que ya tiene impacto internacional, ha generado reacciones políticas y jurídicas en distintos sectores, especialmente luego de las explicaciones del presidente sobre su inclusión y la de su esposa en la Lista Clinton.
Comisión de Acusaciones deberá decidir
Mientras tanto, la Comisión de Acusaciones deberá decidir si admite la denuncia y da inicio a la fase de indagación preliminar, en la que se determinará si hay mérito para abrir una investigación formal. De hacerlo, se trataría de una de las primeras actuaciones judiciales contra un presidente en ejercicio por presunta falsedad documental.
Aunque desde la Casa de Nariño no se ha emitido un pronunciamiento oficial frente a esta denuncia, el hecho se suma a un ambiente político cada vez más tenso, donde el Gobierno intenta explicar las razones de su presencia en el listado estadounidense y responder a las críticas que apuntan a una supuesta falta de transparencia en el manejo de su información personal y patrimonial.
El caso, además, podría tener implicaciones más amplias si se confirma la existencia de irregularidades en las declaraciones oficiales del mandatario. La denuncia de Portilla, respaldada por documentos y publicaciones públicas, abre una nueva controversia en medio de uno de los momentos más difíciles del actual Gobierno.
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