Aníbal Charry González
Recientemente la DIMAYOR después de una inspección realizada al Estadio Guillermo Plazas Alcid, determinó que, “ante el alto riesgo de colapso de las tribunas sobre los camerinos de los equipos y el camerino de árbitros, el escenario no cumple con las condiciones mínimas de seguridad requeridas para su uso y para el desarrollo de competencias del Fútbol Profesional Colombiano, tanto en aspectos estructurales como reglamentarios, conforme a lo identificado en la evaluación técnica”, por lo que lo inhabilitó para albergar partidos oficiales y por supuesto sin posibilidad de que el Atlético Huila pueda seguir jugando en el peligroso estadio que ya colapsó con saldo de muertos y heridos.
Y es que la DIMAYOR no tenía más alternativa que inhabilitarlo con base en el contundente estudio presentado por la Universidad Nacional de Colombia- sede Manizales, que conceptuó que este necesitaba una intervención estructural profunda, o en su defecto la demolición total de las tribunas dada la gravedad de las deficiencias detectadas y el riego que representan para la seguridad de los asistentes, jugadores y demás actores, por lo que no se entiende cómo es que se insiste en remodelar solo la tribuna occidental sobre un cadáver de concreto, invirtiendo $ 56.000 millones de pesos para que no tengamos estadio, lo que causaría un grave detrimento patrimonial para el municipio y el departamento como lo advertía en anterior columna.
Y menos se entiende que la Asamblea Departamental entre a considerar otra iniciativa del gobierno para adjudicar $ 18.000 millones más para la “adecuación y mejoramiento del estadio de futbol”, cuando ya se sabe por el estudio de marras, que no es posible hacerlo, por cuanto lo que han recomendado en la práctica es la demolición total del estadio y construir uno nuevo, que bien se podría hacer con los dineros que se piensan invertir, máxime cuando el empresario Felipe Olave está listo a construir un estadio moderno multipropósito con $ 50.000 millones de pesos, mucho menos de lo que piensan invertir en esa mole inservible y ruinosa, despilfarrando intencionalmente $ 74.000 millones si se aprueban los recursos adicionales que se están solicitando, lo que sería un crimen con la ciudad y el departamento, o sea con todos los huilenses. Si lo que están reclamando los diputados con razón, es mayor claridad sobre el tema, no es sino que se lean detenidamente el estudio técnico mencionado sin más debates y citaciones, para saber más allá de toda duda, que lo que hay que hacer es autorizar las inversiones, pero para demolerlo y construir uno nuevo.
