El paro arrocero que se desarrolla en el Huila y otras regiones del país es reflejo de la difícil situación que enfrenta uno de los sectores más representativos del agro colombiano. Altos costos de producción, dificultades para acceder a créditos, falta de infraestructura, precios desiguales frente a los productos importados y la ausencia de una política integral de apoyo, han generado un descontento generalizado entre los productores.
A pesar de que las manifestaciones sociales son un derecho amparado por la Constitución, los bloqueos prolongados de vías han generado afectaciones significativas en la movilidad, la actividad económica y el abastecimiento de bienes esenciales. Es entendible el malestar de amplios sectores de la población que se han visto perjudicados. Sin embargo, es importante que estas afectaciones no desdibujen el núcleo de esta protesta: una crisis estructural en el sector arrocero.
En este contexto, ha comenzado a surgir una ofensiva jurídica que busca responsabilizar penal y civilmente a líderes del movimiento y propietarios de predios donde se cultiva arroz, bajo el argumento de instigar bloqueos y generar perjuicios a terceros. Si bien el orden público debe protegerse, no puede convertirse en excusa para deslegitimar o criminalizar el reclamo de derechos fundamentales.
Una editorial no toma partido, pero sí expone realidades. Y en este caso, es evidente la falta de voluntad política para resolver una problemática que se repite año tras año sin soluciones de fondo. El tratamiento judicial a las manifestaciones sociales debe ser la última instancia, no la primera reacción frente a la incomodidad del descontento.
El llamado es claro: el Gobierno nacional debe abrir espacios reales de diálogo, escuchar a los arroceros, proponer soluciones estructurales y cumplir los compromisos adquiridos. Las medidas improvisadas, o las respuestas represivas, no aportan a una salida duradera. De igual forma, las protestas deben mantenerse dentro del marco legal y evitar acciones que vulneren los derechos de otros ciudadanos.
Colombia necesita proteger su producción nacional, garantizar condiciones justas para los campesinos y fomentar la convivencia pacífica. Visibilizar los problemas del campo no puede ser visto como un delito, sino como una oportunidad para corregir las inequidades históricas que hoy alimentan el inconformismo.
Más que castigos, se necesitan soluciones. Más que confrontación, diálogo. Y más que indiferencia, acción. El país lo exige y los arroceros lo merecen.
