Por: Adonis Tupac Ramírez
En las democracias locales, el liderazgo sigue enfrentando un dilema estructural: ¿construimos sobre proyectos o sobre personas? La historia reciente de Neiva ofrece un estudio de caso elocuente. Entre 2016 y 2019, la ciudad vivió una administración marcada por la austeridad, la planeación estratégica y la transparencia, liderada por Rodrigo Lara Sánchez. Durante su gestión, el índice de ejecución presupuestal superó el 90 %, se redujo la deuda pública en más de 20 mil millones de pesos, y se priorizó la inversión en salud, movilidad y espacio público sin escándalos de corrupción.
En contraste, el periodo 2020-2023, bajo la alcaldía de Gorky Muñoz, estuvo signado por el desborde burocrático, múltiples investigaciones disciplinarias y una ejecución centrada en contratos sin planeación de largo plazo. Más de 300 mil millones de pesos se comprometieron en contratación directa o sin mayor rigor técnico, y los proyectos estructurales brillaron por su ausencia. Hoy, la ciudad enfrenta rezagos en infraestructura, movilidad colapsada y una ciudadanía desconectada de su gobierno local.
Las administraciones personalistas tienden a gobernar con una lógica de inmediatez. Buscan resultados visibles en poco tiempo, con réditos electorales, sin considerar la sostenibilidad técnica ni financiera. Esto se traduce en derroche presupuestal, deterioro de la confianza ciudadana y destrucción del capital institucional construido por gestiones previas. En Neiva, las pérdidas no han sido solo financieras. El retroceso en la planeación urbana, la paralización de proyectos como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el colapso de sistemas clave como el alumbrado público o la red hospitalaria, han tenido efectos sociales de largo alcance. Una ciudad sin visión, atrapada en gestiones improvisadas, se convierte en un campo fértil para la desinformación, la politiquería y la corrupción.
La salida no está en idealizar nombres, sino en institucionalizar proyectos. Para ello, propongo tres recomendaciones concretas:
- Pactos urbanos vinculantes: los planes de desarrollo deben incluir proyectos estratégicos blindados jurídicamente para que trasciendan administraciones. Deben nacer de diagnósticos técnicos y participación ciudadana real, no de promesas de campaña.
- Observatorios ciudadanos independientes: espacios técnicos y ciudadanos con capacidad de monitoreo y evaluación de cumplimiento de metas, ejecución presupuestal y seguimiento a contratos públicos. La vigilancia no puede depender solo de los entes de control.
- Reglas fiscales anticorrupción: incluir techos de gasto para contratación directa, evaluación ex ante de grandes obras, y mecanismos de rendición de cuentas periódica. La transparencia no debe ser reactiva, sino preventiva.
El futuro de nuestras ciudades no puede depender del talante de un líder, sino de la fortaleza de sus instituciones y la continuidad de sus proyectos. Urge que votantes, líderes políticos y organismos de control asuman un compromiso con la planificación a largo plazo. No basta con elegir bien; hay que exigir que lo que se planifica, se cumpla. Porque sin proyecto, toda ciudad se condena a empezar de nuevo, una y otra vez.
