El reciente informe del Observatorio Económico del ICP revela que la estrategia de monetización del déficit fiscal en Colombia ha llevado a un alarmante incremento en el déficit y una caída en el recaudo real, poniendo en jaque la estabilidad monetaria y la confianza en el poder adquisitivo del peso.
DIARIO DEL HUILA, ANALISIS
En medio de un panorama económico plagado de incertidumbres, el reciente informe del Observatorio Económico del Instituto de Ciencia Política (ICP) ha encendido las alarmas sobre la estrategia de financiamiento del déficit fiscal en Colombia. Con cifras que evidencian un aumento del 152,55% en el déficit fiscal mensual promedio entre agosto de 2023 y 2024, y un recaudo fiscal real que cayó un 11,98% en agosto de 2024 respecto al año anterior, el escenario se presenta como una encrucijada en la que las decisiones de política económica podrían definir el futuro macroeconómico del país.
Un contexto fiscal y monetario en tensión
El incremento sostenido del déficit fiscal ha sido una constante en los últimos años, pero la reciente aceleración en su crecimiento plantea serios interrogantes sobre la capacidad del Gobierno Nacional Central para equilibrar sus finanzas. Durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, la brecha entre gastos e ingresos se ha ampliado, lo que ha llevado a recurrir a mecanismos transitorios de financiamiento, siendo la monetización del déficit uno de los principales instrumentos utilizados. Este mecanismo consiste en la adquisición directa o indirecta de Títulos de Tesorería (TES) por parte del Banco de la República (BRC), lo que permite inyectar liquidez en la economía, pero, al mismo tiempo, amplía la base monetaria.
En este sentido, el informe destaca que, en agosto de 2024, el 89,09% de la deuda pública interna se financió mediante TES. Los principales tenedores de estos instrumentos son los fondos de pensiones (31,57%), seguidos de los fondos de capital extranjero (19,78%) y los bancos comerciales (14,51%). Esta composición no solo refleja una dependencia casi exclusiva de instrumentos de deuda de corto plazo, sino que también pone en evidencia la dificultad del Gobierno para ajustar el gasto a los niveles de ingresos fiscales.
El rol ambivalente del Banco de la República
El BRC se encuentra en una posición paradójica: por una parte, tiene la misión de mantener la estabilidad monetaria y combatir la inflación; por otra, ha asumido un rol protagónico en la financiación del déficit fiscal. La compra de TES por parte del banco central implica una emisión primaria de dinero que incrementa la oferta monetaria, afectando directamente el poder adquisitivo del peso colombiano.
Un aspecto crucial del análisis radica en la discrepancia observada entre la tasa de interés a la que el BRC adquiere TES y la tasa de política monetaria (TPM) establecida para orientar el mercado crediticio. El hecho de que el banco compre estos títulos a tasas inferiores a la TPM sugiere que se le estaría otorgando un «crédito preferente» al Gobierno Nacional Central. Esta práctica distorsiona el mercado, ya que al aumentar artificialmente la demanda de TES se elevan sus precios y se reducen sus tasas de interés, contraviniendo los efectos deseados de una política monetaria restrictiva orientada a controlar la inflación.
La intervención del BRC en el mercado de TES no es meramente técnica; tiene profundas implicaciones en la percepción de la independencia del banco central. La mezcla de objetivos fiscales y monetarios puede minar la credibilidad del BRC, ya que su mandato constitucional de controlar la inflación y garantizar la estabilidad financiera se ve comprometido por la necesidad de financiar un gasto público excesivo.
Consecuencias en la inflación y en el acceso al crédito
La monetización del déficit fiscal, al expandir la oferta monetaria, genera un efecto inflacionario que se torna difícil de contener. Históricamente, la teoría económica ha advertido que un aumento en la cantidad de dinero en circulación, sin un correspondiente crecimiento en la producción de bienes y servicios, tiende a erosionar el poder adquisitivo de la moneda. Este es precisamente el dilema al que se enfrenta Colombia: a pesar de que el BRC ha incrementado de forma sostenida las tasas de interés de política monetaria –un instrumento teóricamente destinado a enfriar la economía y reducir la inflación– la continua emisión de dinero para financiar el déficit neutraliza estos esfuerzos.
El informe subraya que, entre octubre de 2021 y mayo de 2023, la TPM se disparó de 1,75% a 13,25% en un intento por controlar la inflación. Sin embargo, este incremento en las tasas no logró traducirse en una reducción inmediata de los precios, evidenciando un desfase en el efecto de la política monetaria. La consecuencia es doble: por un lado, la inflación se mantiene por encima de la meta constitucional del 3%, y por otro, el encarecimiento del crédito repercute negativamente en la inversión privada y el consumo.
La elevación de las tasas de interés tiene un costo real para la economía. El crédito se vuelve más caro y restringido, lo que limita las posibilidades de expansión y desarrollo del sector privado. En un entorno donde la confianza en la moneda se debilita, los ciudadanos se enfrentan a un acceso cada vez más dificultoso a financiamiento a tasas razonables, lo que a su vez frena el crecimiento económico y la generación de empleo.
Impacto en la estructura de la deuda y en la sostenibilidad fiscal
La creciente dependencia de la financiación a través de TES es una muestra clara de las debilidades estructurales en la política fiscal del país. El hecho de que el 89,09% de la deuda pública interna se sostenga mediante estos instrumentos pone en evidencia la rigidez del gasto público, que no se ajusta en consonancia con los niveles reales de ingreso. Esta descompensación obliga al Gobierno Nacional Central a recurrir a mecanismos de financiamiento que, a largo plazo, pueden generar serias distorsiones en la economía.
El informe también revela que la adquisición masiva de TES por parte del BRC ha influido en la composición de los activos netos del banco frente al Gobierno Nacional Central. En términos prácticos, el saldo positivo de esta cuenta se debe tanto al incremento en la compra de TES como a la disminución de los depósitos del gobierno en el banco central. Esta dinámica sugiere que la estrategia del BRC podría estar orientada no tanto a controlar la oferta monetaria de manera equilibrada, sino a paliar de forma indirecta el creciente desequilibrio fiscal.
Además, la dependencia del financiamiento mediante emisión monetaria tiene efectos a largo plazo en la sostenibilidad de las finanzas públicas. La monetización del déficit se convierte en una solución de corto plazo que, si no va acompañada de una reforma estructural en el gasto público, perpetúa la necesidad de emitir más dinero. Este círculo vicioso, en el que la emisión monetaria genera inflación y a su vez erosiona la confianza en la moneda, plantea serios riesgos para la estabilidad macroeconómica.
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Reflexiones sobre la independencia del Banco de la República
Uno de los puntos más críticos en el debate sobre la monetización del déficit fiscal es la autonomía del Banco de la República. La mezcla de objetivos fiscales y monetarios puede generar conflictos de interés que amenacen la credibilidad de la institución. La capacidad del BRC para controlar la inflación y garantizar la estabilidad financiera se basa en su independencia respecto a las presiones políticas del Ejecutivo. Sin embargo, al financiar directamente el déficit fiscal a través de la compra de TES, se corre el riesgo de que el banco central se vea compelido a actuar en función de intereses gubernamentales, en lugar de cumplir con su mandato institucional.
La situación se agrava cuando se observa que, a pesar de contar con herramientas de política monetaria destinadas a enfriar la economía, el BRC opta por medidas expansivas como la reducción del coeficiente de encaje legal y la disminución de la TPM, incluso cuando la inflación se mantiene por encima de la meta. Estas decisiones, lejos de ser contrarias a la lucha contra la inflación, pueden interpretarse como intentos de suavizar las condiciones financieras en un contexto de gasto público desmedido.
El debate en torno a la independencia del BRC es fundamental para comprender los desafíos que enfrenta la política económica en Colombia. La necesidad de financiar un déficit fiscal creciente obliga a la institución a asumir un rol dual que, en última instancia, puede comprometer su capacidad para cumplir con la función esencial de controlar la inflación. Para preservar la credibilidad y la eficacia del banco central, resulta imprescindible establecer límites claros que separen la política fiscal de la monetaria, garantizando así que las decisiones tomadas no estén sujetas a presiones políticas.
Repercusiones en el entorno empresarial y en la informalidad
El impacto de la monetización del déficit fiscal no se limita al ámbito macroeconómico; también tiene consecuencias palpables en el sector empresarial y en el tejido productivo del país. La elevada inflación, combinada con el encarecimiento del crédito, repercute directamente en la inversión privada. Las empresas, ante la incertidumbre y las condiciones crediticias restrictivas, tienden a posponer o cancelar proyectos de expansión, lo que limita el crecimiento económico y la generación de empleo.
Además, el informe del ICP destaca que los elevados niveles de burocracia en Colombia –con cifras que indican que las empresas dedican casi 2.620 horas a trámites administrativos– se suman a la presión tributaria y a los costos de la legalidad. Este complejo entramado burocrático incentiva la informalidad, fenómeno que, según datos del DANE, alcanza niveles de hasta el 55,55% en algunos sectores. La combinación de altos costos operativos, inestabilidad fiscal y dificultades para acceder a crédito formal crea un ambiente adverso para el desarrollo empresarial, lo que a su vez afecta los ingresos fiscales y perpetúa el ciclo de financiamiento mediante emisión monetaria.
La alta tasa de informalidad no solo repercute en la competitividad de las empresas, sino que también limita la capacidad del Estado para aumentar el recaudo fiscal. Cuando una gran parte de la actividad económica se desplaza al sector informal, el Gobierno se ve privado de una fuente crucial de ingresos, lo que obliga a recurrir nuevamente a la emisión monetaria para cubrir el déficit. Este círculo vicioso evidencia la necesidad de una reforma estructural que no solo ajuste el gasto público, sino que también modernice el entorno regulatorio y reduzca los niveles de burocracia.
Hacia una solución integral: reformas estructurales y disciplina fiscal
Ante este panorama complejo, es evidente que la solución no reside únicamente en medidas monetarias aisladas, sino en un enfoque integral que abarque tanto la política fiscal como la monetaria. El informe del ICP recomienda, de manera enfática, la implementación de reformas estructurales que permitan una reducción del gasto público en línea con los ingresos reales, evitando así la dependencia crónica de la monetización del déficit.
Una disciplina fiscal más rigurosa implicaría revisar la estructura del gasto, identificando áreas de ineficiencia y estableciendo mecanismos de control que eviten despilfarros. Además, se hace imprescindible una revisión del rol del Banco de la República, que debe reafirmar su independencia y enfocarse en su mandato constitucional de controlar la inflación, sin verse involucrado en la financiación directa del déficit fiscal.
La experiencia internacional ofrece ejemplos de cómo la integración de políticas fiscales y monetarias coherentes puede generar un ambiente de estabilidad económica. En este sentido, Colombia tendría que apostar por un modelo que combine la austeridad fiscal con una política monetaria estricta, garantizando que la emisión de dinero se realice únicamente en condiciones que no comprometan el poder adquisitivo de la moneda.
Asimismo, la modernización del entorno regulatorio y la reducción de la burocracia resultan esenciales para fomentar la formalización de la economía. Al disminuir los costos de la legalidad y simplificar los trámites administrativos, se podría mejorar la recaudación fiscal y, al mismo tiempo, estimular la inversión privada y la generación de empleo. Estas medidas, en conjunto, contribuirían a romper el ciclo de emisión monetaria y a establecer una base sólida para el crecimiento económico sostenible.
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