Las condiciones de reclusión en el Centro de Detención Transitoria (CDT) de Neiva vuelven a estar en el foco de atención tras una visita de verificación realizada por la Defensoría del Pueblo, la Personería municipal y la Procuraduría Provincial.
El recinto, ubicado en las antiguas bodegas de Alpina, alberga actualmente a 253 personas privadas de la libertad en un espacio diseñado para solo 96, lo que representa un alarmante hacinamiento del 262%.
La intervención del Ministerio Público se dio en respuesta a la interrupción del servicio de energía eléctrica registrada en horas de la mañana, una situación que vulnera de manera directa los derechos fundamentales de la población carcelaria.
En un entorno marcado por la sobrepoblación, la falta de energía no solo deteriora las condiciones básicas de habitabilidad, sino que también impide la realización de audiencias virtuales, necesarias para el avance de los procesos judiciales.
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Según se constató, la suspensión del suministro eléctrico se originó por la falta de pago del canon de arrendamiento por parte de la Alcaldía de Neiva. Esta situación llevó al propietario del inmueble a incurrir en mora con el prestador del servicio, lo que desembocó en el corte.
Ante la gravedad del hecho, las autoridades del Ministerio Público exigieron el restablecimiento inmediato de la energía y advirtieron sobre la urgencia de adoptar medidas estructurales para garantizar condiciones mínimas de dignidad y acceso a la justicia para las personas privadas de la libertad.
La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de seguir adelantando acciones para asegurar la plena garantía de los derechos humanos en los centros de reclusión del país, haciendo énfasis en la situación crítica del CDT de Neiva.
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