El organismo nacional se pronuncia frente a la polémica frase «o en la cárcel o en el cementerio», recordando que la pena de muerte está prohibida en Colombia y que las autoridades deben actuar dentro del marco constitucional.
Redacción Web
La Defensoría del Pueblo emitió un contundente pronunciamiento en el que rechaza y expresa su profunda preocupación por las recientes declaraciones del alcalde de Pitalito, Huila, quien la semana pasada, en el contexto de la seguridad en la capital laboyana, afirmó: “si hay que apretar el gatillo ante la delincuencia, hay que hacerlo. Aquí no vamos a ser tolerantes: o en la cárcel o en el cementerio”.
Este discurso, que ha generado un intenso debate en la región y a nivel nacional, fue calificado por el organismo defensor como una legitimación de la violencia que se aparta de las vías constitucionales de justicia y del uso regulado de la fuerza por parte del Estado. En un comunicado oficial, la entidad recordó de manera enfática que la pena de muerte se encuentra absolutamente prohibida en el ordenamiento jurídico colombiano.
Respaldo a la Personería
La Defensoría no solo se limitó a cuestionar las palabras del mandatario local, sino que también expresó su respaldo y se unió al llamado previamente realizado por la Personería Municipal de Pitalito. Ambas entidades coinciden en la necesidad imperiosa de que todos los pronunciamientos y actuaciones de las autoridades se enmarquen en el irrestricto respeto por las garantías constitucionales de toda la ciudadanía, “sin distinción alguna”.
“La situación de derechos humanos que enfrenta el municipio de Pitalito exige la adopción de medidas urgentes que permitan garantizar el derecho a la vida y a la integridad de sus habitantes”, señaló la Defensoría en su documento. El organismo reconoció la complejidad del panorama de seguridad, pero subrayó que la solución no puede pasar por la incitación a la violencia extralegal.
Llamado a fortalecer acciones
En lugar de ello, la entidad hizo un llamado para que las instituciones del Estado encargadas de la investigación, captura y judicialización de presuntos responsables de delitos fortalezcan su accionar. Este fortalecimiento, sin embargo, debe realizarse “ciñéndose en todo momento al postulado del respeto irrestricto a los derechos humanos”, un principio fundamental de un Estado Social de Derecho.
Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el clima de polarización que pueden generar este tipo de declaraciones. El organismo recordó que los llamados respetuosos realizados por los agentes del Ministerio Público, como las personerías y la propia Defensoría, “no deben generar reacciones que puedan alentar discursos de odio y violencia contra servidores públicos que cumplen con sus deberes constitucionales de difundir, promover y proteger los derechos humanos”.
Límites al discurso
Este pronunciamiento sitúa al alcalde de Pitalito en el centro de una controversia nacional sobre los límites del discurso de la “mano dura” y la imperiosa necesidad de que la lucha contra la delincuencia no sacrifique el Estado de Derecho. La bola de nieve generada por sus palabras evidencia la tensión permanente entre la demanda social de seguridad y la protección de los derechos fundamentales, un debate que, tras la intervención de la Defensoría del Pueblo, está más vigente que nunca en el Huila.
