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Defensoría declara 11 alertas tempranas en el Huila

Nov 1, 2025

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La Defensoría del Pueblo alertó sobre la crítica situación humanitaria en el Huila, donde ya se registran 11 alertas tempranas por reclutamiento forzado, desplazamiento y presencia de grupos armados ilegales en varias zonas del departamento.

DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE

La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas en el departamento del Huila tras confirmar la existencia de 11 alertas tempranas relacionadas con graves vulneraciones a los derechos humanos. La información fue revelada durante la visita de la defensora nacional del Pueblo, Iris Marín Ortiz, al municipio de La Plata, donde escuchó de primera mano las preocupaciones de las comunidades y las autoridades locales.

Durante su recorrido, la funcionaria sostuvo mesas de trabajo con líderes sociales, docentes y habitantes del occidente del departamento, una de las zonas más afectadas por el acoso de grupos armados ilegales, las amenazas a líderes comunales y el reclutamiento forzado de menores de edad. En el encuentro, también participaron congresistas como el senador Carlos Julio González Villa, quien advirtió que la situación humanitaria requiere un fortalecimiento urgente de la institucionalidad y la inversión social en los territorios rurales.

Según la Defensora del Pueblo, las alertas vigentes se concentran principalmente en los municipios del occidente, norte y sur del Huila, donde hay presencia de disidencias del Estado Mayor Central —de la línea de alias “Iván Mordisco”—, así como del ELN, la Segunda Marquetalia y otros grupos armados que buscan consolidar control territorial. Estas estructuras han incrementado las amenazas, los desplazamientos forzados y los hechos de violencia contra las comunidades campesinas e indígenas.

En La Plata, Iris Marín destacó que el panorama es “profundamente preocupante” por la creciente vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, víctimas de reclutamiento, uso y utilización por parte de los grupos armados. “Con preocupación seguimos advirtiendo graves vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que afectan a toda la población, pero particularmente a los menores de edad”, aseguró.

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La defensora también reconoció el compromiso de las autoridades locales, pero subrayó que sus esfuerzos “no son suficientes sin el respaldo presupuestal y la presencia efectiva del Gobierno Nacional”. Por ello, hizo un llamado urgente para que las entidades del Estado traduzcan su acompañamiento en acciones concretas de inversión social, especialmente en educación, conectividad, tecnología para las instituciones rurales y atención integral del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Por su parte, el senador Carlos Julio González Villa señaló que las comunidades rurales del Huila viven un “desplazamiento silencioso” motivado por el miedo y la falta de oportunidades. Agregó que urge fortalecer los programas educativos y sociales que eviten que los jóvenes sean captados por estructuras ilegales. “La Defensoría no tiene la obligación de ejecutar inversión, pero sí de visibilizar la necesidad urgente de una presencia del Estado que responda con hechos a los reclamos de las comunidades”, dijo.

Hoy, en la sede de la Gobernación del Huila, la Defensora del Pueblo encabezará una nueva reunión con autoridades civiles, militares y organismos de control para revisar el estado actual de las alertas tempranas y definir acciones de respuesta inmediata. Al encuentro asistirán el gobernador Rodrigo Villalba, el alcalde de Pitalito, Yider Luna, representantes de la Procuraduría, congresistas y líderes regionales.

“La protección integral de los derechos humanos de la población solo será posible si las instituciones del Estado actuamos de manera coordinada, hacemos presencia efectiva en los territorios y garantizamos que la vida se respete sin condición alguna”, enfatizó Marín.

Con este llamado, la Defensoría del Pueblo busca no solo prevenir nuevas violaciones, sino también propiciar una política de Estado que recupere la confianza y la tranquilidad de las comunidades del Huila, donde la amenaza de los grupos armados sigue siendo una realidad cotidiana.

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