La defensa de Álvaro Uribe Vélez radicó un recurso de apelación de 904 páginas contra su condena de 12 años de prisión domiciliaria, alegando errores de hecho y de derecho, y solicitando su libertad inmediata mientras el Tribunal Superior de Bogotá revisa el fallo.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó formalmente, el miércoles 13 de agosto, un recurso de apelación contra la sentencia que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El extenso documento, de 904 páginas, fue radicado ante el Tribunal Superior de Bogotá y busca que se revoque el fallo emitido el pasado 1 de agosto por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de la capital.
Firmado por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, el escrito sostiene que la jueza incurrió en “una serie de errores de hecho y de derecho” que afectan la validez de la condena. Los defensores piden que se declare la nulidad del proceso desde distintos momentos procesales o, en última instancia, que se absuelva al exmandatario.
Tres escenarios planteados por la defensa
En el recurso, dirigido a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, los abogados describen tres solicitudes alternativas:
- Nulidad desde la audiencia de formulación de acusación.
- Nulidad desde la audiencia de lectura del fallo.
- Absolución total de Álvaro Uribe Vélez.
En todos los escenarios, la defensa solicita que se “restablezca de inmediato la libertad” del expresidente, argumentando que no existe justificación para mantenerlo detenido mientras el fallo no esté en firme. Según el recurso, la orden de prisión domiciliaria es equivocada y vulnera sus derechos fundamentales.
Un fallo histórico en la justicia colombiana
La sentencia del 1 de agosto marcó un precedente judicial en Colombia: es la primera vez que un expresidente es condenado a prisión por un delito común. La jueza determinó que Uribe dio instrucciones “precisas y constantes” a su abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que buscara a varios exparamilitares y los convenciera de retractarse de declaraciones en su contra.
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A cambio, según el fallo, se les ofrecieron beneficios económicos y asesoría jurídica, con el fin de que los testigos acusaran al senador Iván Cepeda de orquestar un montaje judicial. Este proceso se originó en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos.
Diego Cadena, señalado como pieza clave en la ejecución de estas presiones, enfrenta su propio proceso penal, cuya sentencia está prevista para el próximo 15 de agosto.
La postura de la Procuraduría
En un giro relevante, la Procuraduría General de la Nación también intervino en el caso, solicitando que se anule el fallo condenatorio. Para el Ministerio Público, las pruebas no acreditan que Uribe haya sido el “determinador” de los hechos investigados. Esta coincidencia de argumentos entre la defensa y la Procuraduría podría incidir en la decisión que tome el Tribunal Superior en la segunda instancia.
Lo que se debate en la apelación
El recurso no solo apunta a la libertad inmediata del expresidente, sino que también plantea un debate sobre la valoración de las pruebas y la interpretación del delito de “soborno en actuación penal”. La defensa alega que la jueza basó su fallo en inferencias y lecturas sesgadas, sin sustento probatorio suficiente.
En el sistema penal colombiano, la segunda instancia permite que un tribunal superior revise íntegramente la sentencia, evaluando tanto los fundamentos jurídicos como el análisis de las pruebas. En este caso, el Tribunal Superior de Bogotá deberá determinar si hubo errores procesales o de interpretación que ameriten revocar o modificar la condena.
Un futuro judicial en suspenso
La resolución de esta apelación será determinante para el futuro judicial de Álvaro Uribe Vélez, quien ha mantenido su inocencia y ha calificado el proceso en su contra como motivado políticamente.
Si el Tribunal acoge los argumentos de la defensa, podría ordenar su libertad y, eventualmente, absolverlo. Por el contrario, si confirma el fallo de primera instancia, el expresidente tendría que cumplir la condena de 12 años de prisión domiciliaria.
El país político y jurídico sigue de cerca cada movimiento en este proceso, consciente de que la decisión final no solo impactará la vida del exmandatario, sino que también marcará un hito en la historia judicial de Colombia.
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