Los gremios advierten que millones de colombianos podrían quedar sin posibilidad de jubilarse y que el seguro previsional se volvería inviable si el Gobierno suspende la cobertura del deslizamiento del salario mínimo.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
Los fondos privados de pensiones y las aseguradoras encendieron las alarmas por un proyecto de decreto del Gobierno Nacional que modificaría aspectos centrales del sistema pensional. Según Asofondos y Fasecolda, la propuesta —que ya superó la fase de comentarios— tendría efectos graves y directos sobre la cantidad de colombianos que podrían acceder a una pensión, así como sobre la continuidad del seguro previsional que cubre invalidez y fallecimiento.
El punto crítico del decreto está relacionado con la eliminación de la cobertura estatal para el deslizamiento del salario mínimo, un mecanismo que desde 2015 garantiza que ninguna pensión quede por debajo de ese ingreso y que el sistema pueda ajustarse cada año a los aumentos decretados por el Gobierno.
Una cobertura que sostiene la pensión mínima
El llamado «deslizamiento del salario mínimo» es un componente esencial del sistema pensional, pues permite completar los recursos necesarios para que los trabajadores que se pensionan bajo la modalidad de renta vitalicia reciban una mesada equivalente al salario mínimo, incluso cuando el aumento anual supera los criterios técnicos de inflación y productividad.
Debido a que el salario mínimo en Colombia también se define por factores políticos que suelen elevarlo más allá de lo técnicamente previsto, el Estado asumió desde 2015 una cobertura que compensa esa diferencia. Esta medida ha asegurado que miles de trabajadores logren pensionarse con el mínimo y que las aseguradoras puedan financiar el seguro previsional, que protege a quienes deben jubilarse anticipadamente por invalidez o que fallecen dejando cónyuge o herederos dependientes.
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Sin embargo, esta cobertura le cuesta al Gobierno alrededor de 2 billones de pesos al año, un gasto que hoy resulta difícil de sostener dadas las presiones fiscales actuales. Ante ese panorama, el Ministerio de Hacienda plantea suspenderla a través del nuevo decreto.
Impacto en el ahorro, el seguro previsional y las mesadas
Los gremios advierten que, de aprobarse el decreto, el impacto sería inmediato y profundo. En la última década, 141.000 colombianos se pensionaron con los fondos privados bajo la modalidad de renta vitalicia gracias a esta cobertura. Sin ella, solo 6.000 habrían cumplido los requisitos, pues sus ahorros habrían resultado insuficientes.
Actualmente, un trabajador que aspira a la pensión mínima en el Régimen de Ahorro Individual debe cumplir la edad legal —57 años las mujeres y 62 los hombres—, cotizar 1.150 semanas y acumular alrededor de 350 millones de pesos. Con la propuesta del Gobierno, esa cifra subiría a 450 millones, obligando a las personas a cotizar entre cinco y diez años adicionales.
Además, quienes buscan mesadas equivalentes a dos salarios mínimos verían una reducción estimada del 20 % en su pensión, debido a la falta de cobertura estatal que hoy complementa el valor necesario para financiar esos montos.
Otro de los efectos más preocupantes sería la inviabilidad del seguro previsional. Si las aseguradoras dejan de ofrecerlo por el aumento excesivo de los costos, unos 20 millones de afiliados al sistema privado quedarían sin protección en caso de invalidez o muerte, un riesgo inédito en la estructura del régimen.
Gremios piden diálogo técnico antes de una decisión final
Tanto Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, como Andrés Velasco, presidente de Asofondos, insistieron en que la propuesta no afectaría a quienes ya están pensionados. No obstante, señalaron que el impacto sobre los trabajadores activos sería profundo y podría debilitar la protección social del país.
Ambos gremios solicitaron al Gobierno abrir espacios técnicos para analizar las consecuencias del proyecto y evitar decisiones apresuradas que aumenten la carga financiera del sistema y, al mismo tiempo, limiten el acceso a la jubilación para millones de trabajadores.
El Gobierno aún no ha anunciado cuándo firmaría el decreto, pero la discusión ya encendió un debate nacional sobre la sostenibilidad fiscal, la responsabilidad estatal en la pensión mínima y el futuro del sistema de ahorro individual.
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