Ruber Bustos Ramírez
Como muchos otros campesinos en este país, vivo de lo que da la tierra y trabajo con lo que tengo a la mano. No hablo desde ideologías ni colores, sino desde lo que veo cada día en la finca, en la plaza, en las jornadas de cosecha. Lo que quiero decir aquí nace desde el campo, donde las decisiones que se toman en Bogotá casi nunca se ajustan a nuestra realidad.
Se aprobó la reforma laboral, y aunque suena bien en el papel, en la práctica deja por fuera las dinámicas del campo. Aquí el trabajo no es fijo, ni mensual, ni de horarios exactos. Aquí se trabaja cuando el clima lo permite, cuando la cosecha lo exige, cuando hay qué recoger. Y muchos de los recolectores que nos ayudan no quieren una vinculación formal, porque no quieren que les descuenten un salario que apenas les alcanza para lo básico.
Además, en el campo no hay sueldos estándar. Hay días buenos y días malos. Un jornal puede depender del precio del café, de si llovió o no, de si llegó suficiente gente a ayudar. ¿Cómo aplicamos una reforma pensada para oficinas y fábricas a estas condiciones tan distintas?
Peor aún, la tecnología que exigen esas nuevas obligaciones ni siquiera está disponible en muchas veredas. ¿Cómo se supone que vamos a registrar contratos digitales o gestionar planillas de pago desde una finca donde no hay ni señal de celular? Al final, lo que parece una protección para el trabajador termina siendo un obstáculo para generar empleo.
Y como si fuera poco, ahora también salió un nuevo decreto que modifica el régimen tributario especial y eso ha golpeado duro a las cooperativas, que para muchos de nosotros son el único canal formal de comercialización. Antes, uno podía vender café a la cooperativa y si la venta era menor a ocho millones, no le retenían nada. Ahora bajaron ese umbral a tres millones cuatrocientos mil pesos. A partir de ahí, le descuentan el 0.5%. Eso equivale casi a lo que vale una carga y media de café. ¿Qué cafetero va a ir a vender a una cooperativa sabiendo que le van a descontar desde tan poquito? Lo que va a pasar es que la gente va a preferir vender por fuera, sin facturas, y eso solo va a aumentar la informalidad y golpear aún más a las cooperativas.
Y no solo es el campo el que se verá afectado. Pequeñas empresas, emprendimientos, negocios familiares también tendrán que asumir cargas que no siempre pueden pagar. En lugar de ayudar a formalizar, se corre el riesgo de empujar más gente a la informalidad por puro susto de incumplir.
Por otro lado, me parece un alivio que se haya hundido la llamada Consulta Popular 2.0. No porque no crea en la participación ciudadana —todo lo contrario—, sino porque no se pueden definir temas tan complejos con un simple “sí” o “no”. Las reformas necesitan estudios serios, discusión técnica, acuerdos amplios. No se puede jugar con el país haciendo plebiscitos de última hora sobre cosas que necesitan análisis profundo.
Lo que uno siente desde aquí es que se legisla con afán, desde lejos, sin mirar el terreno. El campo necesita reglas claras, sí, pero también flexibles y justas. No queremos excusas ni tratos preferenciales, solo que nos entiendan. Porque mientras unos discuten teorías, nosotros tratamos de que no se pierda una cosecha, de que no se vaya el trabajador, de que no se pare la finca.
Escuchen al campo.
