Una carta de Álvaro Leyva desató un debate inédito en Colombia: la salud física y mental del presidente Petro vuelve al centro de la controversia política.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
La política colombiana enfrenta una nueva tormenta tras la sorpresiva carta del excanciller Álvaro Leyva a Gustavo Petro, en la que afirmó que el presidente tendría problemas de drogadicción. Un señalamiento inédito que no solo sacudió al Gobierno, sino que también revivió una discusión de fondo: ¿hasta dónde debe llegar el derecho a la privacidad del jefe de Estado frente al interés público por conocer su estado de salud?
Leyva, quien fue uno de los principales aliados de Petro hasta hace unos meses, lanzó duras acusaciones en una misiva que radicó en la Casa de Nariño y difundió públicamente. Según su relato, en el viaje de Estado a París, entre el 21 y 24 de junio, habría confirmado el problema de consumo de drogas del presidente. Recordó que en aquella ocasión, Petro no llegó a tiempo para su regreso a Colombia, obligando a su comitiva a esperarlo durante horas, situación que, según el excanciller, fue resuelta gracias a la intervención de los servicios de inteligencia franceses.
La reacción de Petro no se hizo esperar: sin desmentir directamente las acusaciones, calificó a Leyva de «víbora» y explicó que su retraso en París se debió a actividades familiares y visitas culturales. Sin embargo, la denuncia de Leyva no es la única que se ha ventilado públicamente. En el pasado, el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, también insinuó problemas de consumo de drogas en chats privados.
El episodio ha servido para que sectores de oposición, como la senadora María Fernanda Cabal, impulsen propuestas para exigir exámenes toxicológicos y psiquiátricos al presidente. Incluso se ha planteado llevar el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para determinar si Petro estaría tomando decisiones bajo un estado alterado de conciencia.
Aunque en países como Estados Unidos la salud de los mandatarios se maneja como un asunto de interés nacional —con informes médicos regulares y públicos—, en Colombia no existe ninguna obligación legal para que un presidente revele su condición física o mental. La Constitución exige apenas que el mandatario sea colombiano por nacimiento, mayor de 30 años y ciudadano en ejercicio. Nada más.
Expertos consultados coinciden en que esta situación revela un vacío institucional. Mientras el exfiscal Francisco Barbosa señala que no hay base constitucional para exigir exámenes médicos obligatorios, otros, como el analista Jorge Iván Cuervo, consideran que es urgente debatir hasta qué punto la privacidad presidencial puede limitarse en favor del interés público.
Además, algunos constitucionalistas advierten que, de comprobarse una condición de incapacidad física permanente, el Congreso podría actuar bajo el artículo 194 de la Constitución, aunque todos coinciden en que es altamente improbable que el Legislativo avance en esa vía, dadas las tensiones políticas actuales.
Más allá del caso particular de Gustavo Petro, el debate pone sobre la mesa la necesidad de reglamentar mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer el estado de salud de quienes ejercen el poder. Hernando Herrera, de la Corporación Excelencia en la Justicia, insistió en que, en una democracia, debe garantizarse la transparencia total sobre la salud mental y física de los gobernantes, para evitar vacíos de poder y proteger la estabilidad institucional.
Por ahora, el cruce de señalamientos entre Leyva y Petro añade más incertidumbre al ya agitado panorama político colombiano, mientras la pregunta sigue sin respuesta clara: ¿tiene el país derecho a conocer la verdad sobre la salud de su presidente?
