El Huila es uno de los departamentos priorizados por la JEP en el caso 03 sobre falsos positivos. Con la fase regional cerrada, ahora la investigación se enfoca en establecer responsabilidades de alto nivel en este crimen de guerra.
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se prepara para una nueva fase crucial en la investigación del caso 03, centrado en los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública que presentaron a civiles inocentes como supuestas bajas en combate. Con la etapa regional prácticamente resuelta, el foco ahora se traslada a determinar las responsabilidades de más alto nivel, un terreno que ya comienza a generar profundas discrepancias dentro del propio tribunal.
Hasta el momento, la JEP ha imputado a 131 presuntos responsables por la práctica conocida como “falsos positivos” en departamentos como Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. Pero el siguiente paso, que consiste en investigar si existió o no una política de Estado que facilitara o promoviera esta conducta sistemática, ha generado posturas divergentes entre los magistrados encargados del macrocaso.
¿Política institucional o acción sistemática sin respaldo legal?
Uno de los puntos más polémicos gira en torno a la interpretación de los lineamientos institucionales que, según algunos magistrados, alentaron la política de conteo de cuerpos como indicador de éxito militar. En la más reciente imputación del subcaso Antioquia, la magistrada relatora Catalina Díaz aseguró que las instrucciones para obtener resultados en términos de muertos en combate no estaban escritas en ningún documento oficial, pero se dictaban a diario como una “orden de facto”.
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“El conteo de cuerpos fue ordenado por los altos mandos militares, quienes insistían en mostrar resultados mediante bajas, aunque las directrices oficiales destacaran otros indicadores como desmovilizaciones”, explicó Díaz, quien aclaró que su despacho revisó manuales, planes y documentos de la política de defensa sin encontrar respaldo documental a esta directriz.
Esta visión contrasta con la del magistrado Óscar Parra, encargado del subcaso Costa Caribe, quien en su aclaración de voto expresó que no se trató de una conducta aislada o atribuible a “unas cuantas manzanas podridas”, sino de una conducta sistemática y organizada dentro de las estructuras militares.
La discusión sobre “política de Estado”
El análisis del contexto que permitió que esta práctica criminal se extendiera por casi una década también ha abierto el debate sobre si se configuró o no una “política de Estado”. Para Parra, el concepto debe analizarse desde una perspectiva amplia y no meramente burocrática. En su opinión, el hecho de que distintas instituciones del Estado, como la justicia penal militar, el extinto DAS e incluso funcionarios del CTI, hayan estado implicados, constituye un indicio de articulación estatal.
“Los crímenes no respondieron a circunstancias aisladas, sino a patrones que evidencian un funcionamiento macrocriminal desde distintos niveles: pelotones, batallones y brigadas, con respaldo logístico y recursos públicos”, afirmó el magistrado en su aclaración. También destacó que las denuncias ciudadanas eran sistemáticamente desestimadas, bajo el pretexto de una supuesta “guerra jurídica” contra el Ejército.
La visión de Parra plantea que, si bien la política de exigir resultados no estuvo formalmente consignada, sí existió como un eje rector no escrito que se tradujo en presión constante hacia las tropas. Incluso identificó contradicciones dentro del propio Estado: por un lado, discursos que buscaban evitar ejecuciones extrajudiciales; y por otro, una insistencia en mostrar cifras de muertos como logros operacionales.
Lo que viene: presidentes, ministros y comandantes al estrado
La nueva fase de la investigación, de alcance nacional, podría derivar en comparecencias de funcionarios de alto nivel, incluidos exministros de Defensa y presidentes de la época. Aunque por ahora no se han confirmado citaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha dejado claro que no se descarta ningún escenario.
El objetivo es determinar quiénes sabían, quiénes permitieron o incluso promovieron la práctica sistemática de falsos positivos, y qué mecanismos de control fallaron dentro del Estado para evitar esta tragedia que dejó más de 6.400 víctimas, según cifras oficiales de la JEP.
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Más allá del conteo: un sistema de incentivos perversos
Uno de los aspectos más graves que emergen de los hallazgos es la existencia de un sistema de incentivos y sanciones internas que premiaba a quienes presentaban bajas en combate, incluso si estas eran producto de montajes, y castigaba a quienes no cumplían las “cuotas”. Este sistema, aunque no institucionalizado legalmente, funcionó de facto dentro de muchas unidades militares, según los expedientes revisados por la magistratura.
Este patrón de presión por resultados influyó profundamente en la conducta de los oficiales y suboficiales, y sigue siendo uno de los principales objetos de análisis en el proceso de reconocimiento de responsabilidad.
