Luego de que el Ministerio de Trabajo revelara los hallazgos de presuntas irregularidades laborales en más de 260 tiendas y centros de distribución de la cadena de supermercados D1, la empresa emitió un comunicado en el que calificó el proceso de inspección como un “control sin precedentes en la historia reciente”.
En el documento, D1 aseguró que entre el 3 de junio y el 13 de julio recibió más de 230 visitas de funcionarios del Ministerio, quienes realizaron 400 entrevistas a empleados en distintas regiones del país. La compañía señaló que, a pesar de las denuncias hechas públicas por el ministro Antonio Sanguino y la viceministra encargada Sandra Muñoz, hasta el momento no han sido notificados de cargos formales en su contra.
“No hemos recibido formulación alguna de cargos. Si esto ocurre, responderemos haciendo uso de todos los mecanismos legales para demostrar el cumplimiento de nuestras obligaciones”, indicó la compañía.
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En medio de la controversia, el Ministerio de Trabajo expuso situaciones como jornadas laborales de hasta 12 horas sin pausas adecuadas, falta de baños suficientes, descuentos arbitrarios por pérdidas o errores, e incluso violaciones al derecho a la libre sindicalización y casos de acoso laboral. Además, se documentaron omisiones en salud ocupacional, tales como la inexistencia de protocolos para prevenir lesiones, la falta de pausas activas y problemas de infraestructura en los establecimientos.
Frente a estas acusaciones, D1 afirmó que ha colaborado de manera abierta con las autoridades y reafirmó su “compromiso con el trabajo digno y el respeto a la ley laboral en Colombia”. También aseguró que está apostando por la generación de empleo “formal y digno” en todo el país.
El Ministerio de Trabajo, por su parte, reiteró que este tipo de inspecciones se realizarán en más empresas del país, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos laborales y combatir malas prácticas en todos los sectores económicos.
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