Una fiscal del municipio de Magangué (Bolívar) judicializó a cuatro servidores de la Policía Nacional presuntamente responsables de incurrir en delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y privación ilegal de la libertad.
Las decisiones afectaron al teniente Luis Ángel Hernández Arroyo, a la subintendente Everlides Elisa Ávila Anillo y a los patrulleros Luis Carlos Márquez Rodríguez y Alberto José De Voz Padilla, quienes no aceptaron su responsabilidad en los cargos imputados.
Los procesados, quienes estaban adscritos a la Estación de Policía de Magangué habrían ingresado el pasado 8 de mayo sin orden de registro a dos inmuebles. En uno de estos, se cree, retuvieron ilegalmente a dos hombres. En el segundo hecho, se cree, incautaron dos motocicletas, cuatro armas de fuego y municiones, entre otros elementos.
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En este sentido, la Fiscalía en un trabajo articulado con la Dijin de la Policía Nacional, establecieron que los uniformados presentaron ante la autoridad competente a los capturados con el argumento de haber sido detenidos en flagrancia. De la misma manera, habrían entregado solo una de las tres armas que incautaron.
En cumplimiento de órdenes judiciales Hernández Arroyo y Ávila Anillo fueron capturados en Bogotá; Márquez Rodríguez y De Voz Padilla, en Cartagena.
Por decisión del juez los procesados cumplirán las medidas de aseguramiento en sus lugares de domicilio.
Asimismo, la entidad investigadora, judicializó a tres integrantes de la Policía Nacional y a uno en retiro, por su presunta participación en los hechos que le ocasionaron la muerte a un joven privado de la libertad que estaba en custodia en la estación de policía de Jamundí (Valle del Cauca), el 12 de febrero del año en curso.
Se trata del intendente Juan Carlos Jimeno Monzón, los patrulleros Nilton Darío Muñoz Campo y Sergio Andrés Jiménez Díaz, y el patrullero en retiro Andrés Felipe Rincón Fierro. Una fiscal especializada de la Seccional Cali les imputó los delitos de homicidio y tortura, ambas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados.
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