Por: Felipe Rodríguez Espinel
Imagínese llegar a su casa después de una larga jornada laboral y encontrarse con una factura de gas que supera por mucho sus expectativas presupuestales. Esta es la realidad que enfrentaremos los colombianos a partir de este mes, con incrementos que, en algunas regiones, superarán el 30% del valor actual. No estamos hablando de simples ajustes inflacionarios; nos encontramos ante una transformación profunda del mercado energético nacional.
El reciente anuncio del incremento en las tarifas del gas natural en Colombia no solo representa un golpe al bolsillo de los colombianos, sino que también evidencia las consecuencias de una débil política energética. Nos encontramos ante una situación que refleja las contradicciones entre el discurso político y la realidad económica del sector.
El argumento principal de las empresas distribuidoras para justificar estos incrementos se centra en la necesidad de importar gas natural debido a la disminución de la producción nacional. Este escenario no es sorpresivo; desde 2024, los empresarios del sector energético venían advirtiendo sobre las consecuencias de la falta de nuevos proyectos de exploración y producción. La decisión del gobierno de frenar la firma de nuevos contratos de exploración está pasando factura más pronto de lo esperado.
Las cifras son contundentes. Una familia que pagaba 38,000 pesos mensuales por su consumo de gas, ahora deberá destinar 52,000 pesos para el mismo servicio. Este incremento supera significativamente la inflación del 5.2% reportada en 2024, lo que implica una presión adicional sobre la capacidad adquisitiva de los hogares colombianos.
Cuando escuchamos al ministro de Minas y Energía decir que ¡Gas tenemos!, no podemos evitar preguntarnos: ¿A qué costo? La realidad es que nuestras reservas naturales disminuyen mientras la demanda aumenta. Los números no mienten, nuestra producción ha caído de 1,091 millones de pies cúbicos diarios en 2021 a aproximadamente 950 mpcd en 2024. Esta no es una estadística fría; es el reflejo de decisiones políticas que afectan directamente nuestra economía familiar.
¿Qué significa esto para usted y para mí? Simple: dependemos cada vez más del gas importado, pagado en dólares y sujeto a las volatilidades del mercado internacional. Es como si decidiéramos comprar el pan en Europa cuando tenemos panaderías locales, solo que estas últimas están cerrando por falta de apoyo a la producción nacional.
La transición energética, tan necesaria para nuestro planeta, no puede convertirse en un salto al vacío que sacrifique el bienestar de las familias colombianas. Necesitamos un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica de nuestros hogares. No es coherente promover el uso de gas natural como combustible limpio mientras se toman decisiones que lo hacen cada vez menos accesible.
Como sociedad, debemos exigir soluciones integrales. ¿Por qué no desarrollar un programa de subsidios focalizado mientras se reactiva la producción nacional? ¿Por qué no invertir en tecnologías que hagan más eficiente el consumo doméstico? Las respuestas están ahí, pero requieren voluntad política y una visión que vaya más allá del próximo ciclo electoral.
