Por: Felipe Rodríguez Espinel
La semana del 18 al 22 de agosto de 2025 quedará marcada en la memoria nacional como un recordatorio brutal de que la violencia en Colombia no es solo un problema del pasado, sino una realidad que se reinventa constantemente. Los ataques coordinados que dejaron 19 muertos y decenas de heridos no son simplemente actos de terrorismo aislados; son la manifestación más clara del fracaso de una estrategia que prometía transformar radicalmente la aproximación del Estado al conflicto armado.
Cuando el presidente Petro llegó al poder con su bandera de Paz Total, la propuesta parecía ambiciosa pero necesaria, negociar simultáneamente con todos los grupos armados del país. Sin embargo, los eventos recientes revelan la ingenuidad de creer que la violencia política se puede resolver únicamente desde la voluntad gubernamental, sin considerar las dinámicas propias de actores que han encontrado en la guerra su razón de ser y su fuente de financiación.
El caso del Estado Mayor Central es paradigmático. Esta estructura, con presencia en 173 municipios, no es simplemente un residuo nostálgico de las antiguas FARC. Es una organización criminal sofisticada que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, combinando discursos revolucionarios con prácticas propias del crimen organizado. Su líder, Iván Mordisco, no es un idealista perdido en el tiempo, sino un empresario de la violencia que ha comprendido que la guerra es más rentable que la paz. Mientras el gobierno intentaba negociar como un todo, la organización se dividía internamente, creando nuevos focos de conflicto. Esta dinámica de fisión permanente convierte cada proceso de paz en una hidra, por cada cabeza que se corta en una mesa de negociación, aparecen dos nuevas estructuras dispuestas a continuar la guerra.
Los ataques del 22 de agosto, ejecutados con drones y carros bomba, demuestran una sofisticación táctica preocupante. No estamos ante grupos armados primitivos, sino ante organizaciones que han incorporado tecnología de punta y métodos de guerra híbrida. El uso intensivo de drones, que según el Comité Internacional de la Cruz Roja duplicó las víctimas civiles en los primeros meses del año, representa una escalada cualitativa que el Estado colombiano no parece estar preparado para enfrentar.
La estrategia gubernamental adolece de un diagnóstico equivocado sobre la naturaleza del conflicto contemporáneo. Mientras el discurso oficial insiste en hablar de grupos con estatus político, la realidad territorial muestra organizaciones criminales que utilizan la retórica revolucionaria como coartada para actividades de narcotráfico, extorsión y minería ilegal. Esta confusión conceptual ha llevado a otorgar legitimidad política a estructuras que operan como carteles con fusiles.
La proximidad de las elecciones presidenciales de 2026 añade un elemento de urgencia a esta crisis. Los grupos armados han comprendido que la violencia selectiva puede incidir directamente en los resultados electorales, convirtiendo las armas en instrumentos de ingeniería política. Esta realidad exige del Estado una respuesta que vaya más allá de las operaciones militares puntuales y aborde integralmente la protección del espacio democrático para enfrentar un conflicto que se reinventa permanentemente.
