Juan Pablo Tovar, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) hizo un análisis sobre la importancia de las reformas sociales del Gobierno Nacional donde habla como beneficiaría a los colombianos, las opiniones son divididas, donde hay unos que las apoyan y otros ciudadanos que las rechazan.
DIARIO DEL HUILA, ANÁLISIS
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
En los últimos meses las reformas sociales impulsadas por el Gobierno Nacional se han convertido en el principal campo de batalla de la agenda pública colombiana. Salud, trabajo, educación, pensiones, jurisdicción agraria y participación ciudadana son hoy más que temas de debate legislativo: el reflejo de un modelo de país en disputa.
En ese contexto, las voces sindicales han vuelto a ocupar un papel protagónico, Diario del Huila en diálogo con Juan Pablo Tovar, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) del Huila reveló qué las reformas que hoy reposan en el Congreso “buscan devolver derechos”, una afirmación que, según el líder sindical, resume la esencia de la lucha social que desde hace décadas libran los trabajadores y los movimientos populares. Sin embargo, detrás de esa intención de transformación estructural se encuentran obstáculos políticos, intereses económicos y resistencias institucionales.
Desde la perspectiva de la CUT, las reformas sociales en trámite no solo buscan modernizar sectores estratégicos del Estado, sino también reparar décadas de inequidad en la distribución del bienestar. En palabras de Tovar, los proyectos más urgentes son la Reforma a la Salud, la Jurisdicción Agraria, la ley de competencias al Sistema General de Participaciones y las medidas complementarias de la reforma laboral que aún deben desarrollarse por decreto.
Según Tovar, cada una de estas reformas ataca un punto neurálgico de la estructura social colombiana. La reforma a la salud, por ejemplo, intenta desmontar un sistema profundamente privatizado, controlado durante años por intereses empresariales y financieros que, bajo la lógica del mercado, dejaron en segundo plano el principio constitucional del derecho a la salud.
“La intención del Gobierno, respaldada por los sindicatos y sectores progresistas, es devolver el enfoque humanista, garantizando atención oportuna y digna, especialmente en zonas rurales y apartadas”, sostuvo Tovar.
Por su parte, dio a entender que la Jurisdicción Agraria busca saldar una deuda histórica con el campo colombiano. Durante más de un siglo, los conflictos por la tierra han sido causa de violencia, desplazamiento y concentración de la riqueza.
“Contar con una jurisdicción especializada permitiría resolver disputas rurales desde una óptica de justicia social, dando prioridad a los campesinos, comunidades étnicas y pequeños productores frente a grandes intereses económicos”.
Y frente a la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que distribuye los recursos nacionales entre departamentos y municipios pretende aumentar la inversión en educación, salud, saneamiento básico e infraestructura social. Para la CUT, este punto es vital: “un país que no invierte en su capital humano, en la formación de su gente, difícilmente puede aspirar a cerrar brechas sociales”, señaló el presidente de la CUT.
¿Cómo servirán las reformas?
Tovar es contundente al denunciar la ralentización deliberada de los proyectos en las comisiones legislativas, especialmente en la Séptima, encargada de temas laborales y de seguridad social.
“Hay senadores que dilatan el proceso”, dice, refiriéndose a estrategias parlamentarias que impiden avanzar los debates o los trasladan a nuevas instancias, postergando las decisiones. Esto, para el movimiento sindical, es una forma de bloquear el cambio desde la institucionalidad, mientras el país sigue esperando respuestas a problemas urgentes como la precarización del trabajo, el colapso de la red hospitalaria y la falta de justicia en el campo.
De acuerdo al análisis realizado por el presidente de la CUT, detrás de esa resistencia hay poderosos intereses económicos. En el caso del sector salud, las EPS (Empresas Promotoras de Salud) han acumulado un enorme poder político y financiero, y ven amenazado su modelo de negocio ante la posibilidad de que el Estado asuma un papel más activo en la administración de recursos. Lo mismo ocurre con la reforma laboral, que pretende fortalecer la contratación formal, eliminar figuras de intermediación y garantizar derechos sindicales, medidas que el empresariado tradicional ha considerado “poco competitivas”.
En ese sentido, el sindicalismo, lejos de ser una fuerza del pasado, vuelve a posicionarse como actor clave en la defensa de lo público y lo social. La CUT, al igual que Fecode, la CTC y la CGT, han asumido una postura de defensa activa, acompañando las movilizaciones ciudadanas y exigiendo al Congreso “tramitar desde la institucionalidad” los cambios propuestos.
Sobre la reforma laboral es quizá la más simbólica de las batallas en curso, porque toca el corazón del modelo económico neoliberal que ha marcado al país desde la década de los noventa. En ese periodo, las leyes flexibilizaron la contratación, debilitaron los sindicatos y permitieron la proliferación de contratos por prestación de servicios, que hoy afectan a millones de trabajadores públicos y privados.
El presidente de la CUT Huila señala que las reformas buscan devolver derechos laborales básicos: estabilidad, remuneración justa, jornada digna y libertad sindical.
“Temas específicos que no fueron incluidos en el texto legislativo inicial, pero que el gobierno podría desarrollar mediante decretos reglamentarios, como la regulación del derecho a la huelga, la cuota sindical, los permisos y garantías para la acción sindical”, dijo Tovar.
Estas medidas, aunque técnicas, tienen un profundo impacto simbólico y social: significan reconocer la legitimidad de la organización colectiva en un país donde históricamente ser sindicalista ha implicado riesgos, persecución y estigmatización.
“El objetivo es seguir avivando a los trabajadores para que defiendan sus intereses, algo que, en la práctica, implica fortalecer la cultura del diálogo y la negociación colectiva como pilar de la democracia laboral”, manifestó el dirigente de la CUT.
Por otro lado, la crisis del sistema de salud colombiano no es nueva. Desde hace más de dos décadas, los ciudadanos padecen la ineficiencia, los abusos de las EPS, la falta de atención en zonas rurales y los altos costos de los tratamientos. En ese sentido, la reforma que impulsa el Gobierno, según el presidente de la CUT, busca reconstruir un sistema centrado en el paciente y no en la rentabilidad.
“El sindicalismo ha defendido que el acceso a la salud debe ser un derecho universal y no un servicio condicionado al pago o a la ubicación geográfica, hemos insistido en que el sistema debe garantizar prevención, atención primaria, descentralización y transparencia en el manejo de los recursos. La meta es que las comunidades sean parte del modelo, a través de centros de atención integral con enfoque territorial y comunitario”, reveló Juan Pablo Tovar.
Otra de las reformas sociales que destaca el presidente de la CUT es la jurisdicción agraria, un viejo anhelo de los movimientos campesinos, donde en Colombia, el 1% de los propietarios concentra más del 80% de la tierra productiva, una desigualdad estructural que ha alimentado la violencia rural durante décadas.
“Con una jurisdicción especializada, los conflictos agrarios podrían resolverse con mayor rapidez y equidad, evitando que los pequeños productores sean desplazados por grandes intereses o litigios interminables, esto representa una apuesta por la soberanía alimentaria y la justicia rural pilares fundamentales para el desarrollo sostenible del país”, destacó Tovar.
Expectativas frente al salario mínimo
Uno de los puntos que Tovar indica como avance del actual gobierno es la ruptura de la creencia neoliberal respecto al salario mínimo. Durante años, los aumentos salariales fueron vistos como un riesgo inflacionario. Sin embargo, en los últimos dos años se han decretado incrementos “importantes pero responsables”, que han permitido fortalecer el poder adquisitivo sin afectar la estabilidad macroeconómica.
“Aumentar el ingreso de los trabajadores dinamiza la economía, pues incrementa el consumo interno y estimula la producción local”, dijo.
En espera de la negociación del salario mínimo de 2026, los sindicatos esperan un incremento superior al de años anteriores, sustentado en el buen comportamiento del empleo formal y el control de la inflación.
Congreso un obstáculo a las reformas
Pese al respaldo popular y sindical, las iniciativas enfrentan bloqueos políticos y judiciales. “El Congreso tiene el sartén por el mango para poder tramitar desde la institucionalidad este tipo de agendas”, precisó.
No obstante, la polarización política ha generado un escenario en el que cada proyecto se convierte en una disputa ideológica, más que en una discusión técnica sobre cómo mejorar la calidad de vida de los colombianos.
El sindicalismo reclama que el Legislativo actúe con responsabilidad histórica, entendiendo que las reformas no pertenecen a un gobierno, sino a un país que necesita reestructurar sus cimientos de equidad, justicia y dignidad.
