El acceso a servicios públicos sigue siendo un desafío en Colombia, especialmente en zonas rurales. La Auditoría General de la República ha identificado fallas en la vigilancia y uso de los recursos destinados a su prestación. Un foro analizará estos problemas y posibles soluciones el próximo 27 de marzo.
DIARIO DEL HUILA, CONTEXTO
El acceso a servicios públicos en Colombia sigue siendo un reto significativo, especialmente en las zonas rurales, donde millones de personas carecen de agua potable, alcantarillado y recolección de basuras. Ante este panorama, la Auditoría General de la República ha intensificado su vigilancia sobre la eficiencia en la gestión de los recursos destinados a estos servicios esenciales.
Déficit en la cobertura de servicios públicos
Según la Encuesta de Calidad de Vida 2023 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), más de 5 millones de personas en Colombia no tienen acceso a agua potable, mientras que 3,4 millones de hogares carecen de alcantarillado. Además, el 68 % de los hogares rurales no cuentan con servicio de recolección de basuras, lo que refleja la brecha existente entre las zonas urbanas y rurales en términos de acceso a servicios básicos.
Esta situación no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también plantea serios desafíos en materia de salud pública y desarrollo sostenible. La falta de infraestructura adecuada para la prestación de estos servicios esenciales genera condiciones propicias para la proliferación de enfermedades y dificulta el desarrollo económico de las comunidades afectadas.
Análisis de la Auditoría General de la República
Con el fin de garantizar el uso eficiente de los recursos públicos destinados a los servicios básicos, la Auditoría General de la República ha realizado un detallado análisis basado en la información reportada por las Contralorías a través del Sistema Integral de Auditoría (SIA). Según el informe, entre 2020 y 2024, se han auditado anualmente 670 empresas prestadoras de estos servicios, con un presupuesto total de 61 billones de pesos.
Sin embargo, la auditoría ha identificado diversas problemáticas en la gestión de estos recursos. Uno de los hallazgos más preocupantes es que el 72 % de los contratos en el sector se adjudican bajo régimen especial o de manera directa, mientras que solo el 8 % se otorgan mediante licitación pública. Esta modalidad de contratación genera riesgos de monopolio y posibles irregularidades en la prestación de los servicios.
Otro aspecto crítico señalado en el informe es la inadecuada clasificación presupuestal de los recursos. Entre 2020 y 2024, aproximadamente 2,9 billones de pesos fueron destinados a rubros administrativos como «fortalecimiento institucional» y «apoyo a la gestión», en lugar de ser dirigidos a infraestructura y mantenimiento. Esta desviación de fondos puede afectar la disponibilidad de subsidios y tarifas diferenciales, impactando especialmente a los estratos más bajos.
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Impacto en los usuarios: tarifas en aumento
Los problemas en la administración de los recursos han tenido un impacto directo en los ciudadanos, evidenciado en el aumento de las tarifas de los servicios públicos. En Bogotá, por ejemplo, el costo promedio del gas pasó de 64.000 a 70.000 pesos mensuales en un año y, con un incremento del 36 %, podría llegar a 95.000 pesos. En otras regiones como el Eje Cafetero y Santander, los incrementos han oscilado entre el 20 % y el 25 %.
Estos aumentos, sumados a las deficiencias en la cobertura y calidad de los servicios, han generado preocupación entre los usuarios y han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control fiscal para garantizar una prestación eficiente y transparente.
Foro sobre control y transparencia en los servicios públicos
Para abordar estos desafíos, la Auditoría General de la República y la revista SEMANA organizan el foro ‘Servicios públicos: control y transparencia’, que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo a través de semana.com y sus plataformas digitales. El evento reunirá a expertos y autoridades del sector para debatir sobre la vigilancia de los recursos, el marco legal vigente y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
«El control fiscal no es un mecanismo de sanción, sino una herramienta para vigilar que los recursos públicos sean utilizados con eficiencia y transparencia», enfatiza la Auditoría General de la República. Se espera que del foro surjan propuestas concretas para mejorar la supervisión de los recursos y fortalecer la capacidad de las entidades de control.
Hacia una mayor transparencia y eficiencia
El control fiscal desempeña un papel crucial en la optimización del uso de los recursos públicos destinados a los servicios básicos. A medida que se implementen mecanismos de supervisión más efectivos, se podrá garantizar que los ciudadanos reciban servicios de calidad y a precios justos.
La Auditoría General de la República continuará trabajando en la vigilancia y fiscalización de estos recursos, promoviendo la transparencia y la eficiencia en la gestión de los servicios públicos en Colombia. La participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones de control serán clave para cerrar la brecha en la cobertura y garantizar que el acceso a estos servicios esenciales sea una realidad para todos los colombianos.
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