Por: José Eliseo Baicué Peña
No es un secreto que después del 11 de septiembre 2001 las concepciones de seguridad, de gobierno, de política, de Estado y de economía, cambiaron en el mundo entero.
Una aguda crisis económica se produjo, y con ella, inusitados cambios en los modos de vida, en la cultura, en la tecnología y en muchos otros aspectos que han impactado poderosamente la cotidianidad, incluido lo ecosistémico.
Sin embargo, una de las situaciones más graves tiene que ver con la inseguridad social que se respira desde entonces. Haber irrumpido contra el país más poderoso del mundo significó la fragilidad de todos los demás.
Pues, fue afectada la economía mundial, la seguridad internacional y la política exterior generando profundas consecuencias psicológicas y sociales como miedo, ansiedad y desconfianza en todos los sentidos.
De cierto modo, los brotes de inseguridad se han replicado en todos los rincones del planeta, los países y regiones. Por eso, es aquí donde los gobernantes deben implementar su política de seguridad buscando minimizar esta situación, o, por lo menos, brindando un poco de tranquilidad a los habitantes.
En este sentido, vale preguntarse cómo está operando la política pública de seguridad ciudadana en esta ciudad. Por principio, debe responder a los problemas de violencia, delincuencia y crimen que afectan a una comunidad, entendiendo éstos como problemas públicos y, que, como tales, demandan una intervención desde el espacio público.
También debe tener los criterios orientadores para guiar el accionar de las autoridades, debe dar a conocer el horizonte de las estrategias y acciones que se diseñan e implementan, así como los objetivos del Estado, de los gobiernos de turno, de las organizaciones comunitarias, de los gremios y de los medios de comunicación.
Así se genera el valor público, el cual sólo es posible cuando existen procesos de negociación y acuerdo político acerca del problema público que afecta a una comunidad y la forma como ésta, con el concurso de las autoridades, pretende solucionarlo.
Es decir, que en la medida en que este valor público responde a las preferencias y aspiraciones de los ciudadanos, es percibido por el conjunto de la sociedad, al ser consumido y disfrutado por la colectividad como un todo y no de manera individual.
De allí que la política de seguridad ciudadana debe ser consustancial con las políticas de educación, salud, recreación, cultura, empleo y justicia. Esto permite pensar que los avances en materia de educación y cultura, por ejemplo, pueden verse reflejados de manera positiva en las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana de una comunidad.
Ojalá, la seguridad mejore en adelante.
