La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra dos hombres responsables del secuestro simple agravado de una mujer en Buenaventura, Valle del Cauca. La víctima fue retenida durante 14 horas, golpeada, agredida verbalmente y sometida a la mutilación de un dedo como represalia por la presunta desaparición de $70 millones de pesos.
Un acto de violencia que ignoró la institucionalidad
Según la investigación, la mujer fue llevada a un motel, donde sus captores intentaron forzarla a confesar el paradero del dinero. Al no obtener respuestas, la trasladaron a su casa, donde las agresiones continuaron, esta vez con amenazas dirigidas a su familia.
Tanto el juzgado de primera instancia como el Tribunal Superior condenaron a los acusados, decisión que fue posteriormente apelada ante la Sala Penal de la Corte Suprema, la cual ratificó el fallo y cuestionó la peligrosidad de recurrir a la justicia por mano propia.
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“La justicia por mano propia no solo es un delito, sino que erosiona la institucionalidad y socava la autoridad del Estado en la resolución de conflictos”, enfatizó la providencia de la Corte.
Sin atenuantes de ira o miedo
Uno de los argumentos de la defensa fue que los acusados actuaron bajo un estado de ira e intenso dolor, lo que podría haber reducido la pena según el Código Penal. Sin embargo, la Corte desestimó esta justificación, señalando que la acción de los procesados no fue producto de una reacción emocional inmediata, sino de una decisión consciente de secuestrar y torturar a la víctima en lugar de acudir a las autoridades.
“El sujeto que actúa bajo obnubilación emocional propia de la ira ve afectada su capacidad de razonamiento en el momento del hecho, mientras que quien imparte justicia por mano propia delibera y decide situarse al margen de la ley, asumiendo un rol que le corresponde exclusivamente al Estado”, destacó la Corte en su fallo.
Un mensaje contundente contra la violencia privada
La decisión del alto tribunal reitera que ningún ciudadano puede tomarse la justicia por su cuenta, pues actos como el secuestro, la tortura y el ajusticiamiento ilegal implican responsabilidad penal y no pueden ser justificados bajo el argumento de la «eficacia» o la «celeridad» en la resolución de disputas.
Los condenados deberán cumplir la pena impuesta por la justicia ordinaria, un fallo que refuerza el principio de que la ley debe prevalecer sobre la venganza y el castigo arbitrario.
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