El representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, enfrenta un nuevo capítulo judicial. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió abrir investigación formal en su contra por dos de los escándalos que lo han puesto en el centro del debate público: la presunta exigencia de dineros a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y el escándalo del Fruver.
En este último caso, las acusaciones señalan que Racero habría ordenado a integrantes de su UTL atender un supermercado de su propiedad en Bogotá como parte de sus funciones. La instrucción formal está en manos del magistrado César Augusto Reyes Medina, quien también citó al congresista a indagatoria, diligencia cuya fecha será fijada en los próximos días. El proceso penal se adelanta por el presunto delito de concusión, mientras se practican pruebas.
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Paralelamente: proceso de “muerte política”
De manera simultánea, el Consejo de Estado también avanza en el estudio de la posible pérdida de investidura de Racero. Con ponencia del magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, la corporación decretó 11 pruebas que buscan esclarecer si el congresista incurrió en tráfico de influencias tras la revelación de audios por El Reporte Coronell, en los que se le escucha negociando puestos en el SENA.
En los expedientes se incorporaron esos audios, informes periodísticos, documentos sobre contratos en el SENA y testimonios relacionados con su presunta intervención en procesos de contratación. La audiencia pública de pérdida de investidura será la etapa final antes del fallo definitivo.
El Consejo de Estado, además, negó la petición del abogado denunciante, Samuel Ortiz Mancipe, quien había solicitado multar a Racero por no trasladar a la parte demandante la contestación de la demanda.
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