Desde Neiva magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, víctimas y victimarios hablaron de los procesos que se adelantan en casos específicos de violencia en marco del conflicto armado, y las acciones de justicia y reparación.
Por: Francy Villarreal Ruiz
Un mismo escenario, y sobre la mesa magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP, victimas, victimarios y autoridades departamentales, se encontraron para presentar en Neiva, el libro “Las Vidas que Somos”, donde en una misma mesa se sientan víctimas y victimarios en un diálogo de paz.
En el espacio, el magistrado Alejandro Ramelli y la magistrada Diana María Vega Laguna ofrecieron una visión del progreso y los desafíos de la justicia transicional en Colombia, destacando la importancia de la reparación a las víctimas y la colaboración interinstitucional.
Durante su intervención, abordaron temas clave como las labores de búsqueda de personas desaparecidas, el avance de los Macrocasos y la necesidad de un enfoque restaurativo.
Avances en la búsqueda y reparación anticipada
La JEP ha intervenido en cementerios como el Central de Neiva y el de Pitalito, en el departamento de Huila, para la búsqueda de víctimas del conflicto armado. Esta labor se realiza con la participación de excombatientes del Caso 03, quienes contribuyen a restablecer los derechos de las víctimas a través de lo que se conoce como Trabajos y Obras con Contenido Restaurador-Reparador –TOAR.
“Estamos mirando con la gobernación qué otro cementerio del departamento podemos intervenir, pero lo más importante es que esos comparecientes del Caso 03 han venido trabajando con la Unidad de Búsqueda precisamente para realizar esa esas labores en los sitios donde se presume que estén víctimas del conflicto armado”.
Asimismo, según el magistrado Ramelli, cerca de 15 personas ya están cumpliendo su sanción de forma anticipada mediante esta modalidad, “lo importante es que esas personas ya están cumpliendo de forma anticipada su sanción”.
Aunque no se dispone de un número exacto de personas desaparecidas, se estima que solo en el caso de ejecuciones extrajudiciales hay alrededor de 30 personas aún buscadas en la región.
Macrocasos y el enfoque restaurativo de la JEP
La JEP también ha investigado casos en el departamento de Huila relacionados con el Macrocaso 01, de carácter nacional. Además, se emitió una orden judicial vinculada al Comando Conjunto Central, que incluye a Huila, Tolima y parte del Eje Cafetero.
La jurisdicción aún no ha concluido su trabajo en Huila, ya que se está preparando una audiencia para el Bloque Sur, donde se encuentran muchas víctimas, incluidas las del edificio Miraflores.
En cuanto a los desafíos judiciales, se espera que el cierre de los macrocasos ocurra en aproximadamente un año o año y medio. La JEP está trabajando para emitir decisiones lo más pronto posible.
El magistrado Ramelli anunció que la primera sentencia relacionada con el caso de secuestro, que incluye más de 21,000 secuestros y delitos asociados como violencia sexual y tortura, podría emitirse el 16 de septiembre. La primera sentencia para el caso de ejecuciones extrajudiciales podría salir el 18 de septiembre de este año.
Fue enfático en La JEP opera bajo dos vías: la restaurativa y la retributiva. Aquellos que no acepten su responsabilidad enfrentarán un juicio y, si son declarados culpables, podrían recibir penas de 15 a 20 años de prisión.
Por otra parte, quienes incumplan las sentencias restaurativas podrían ser sancionados con penas de 5 a 8 años de privación de la libertad.
“Aquellos que no han aceptado su responsabilidad se le está adelantando un juicio y el ser encontrados culpables sería una pena privativa de libertad de 15 a 20 años e igual forma, si los que se van por esta otra vía no cumplen con lo que dice la sentencia, su sanción será de 5 a 8 años privativa de la libertad”.
Frente a que el país sigue esperando sanciones verdaderamente condenatorias y no resarcitorias, en el proceso del conflicto que adelanta la JEP, “El 16 de septiembre sale la primera sentencia para el caso de secuestro y el 18 sale la primera sentencia para el caso de ejecuciones extrajudiciales”.
La primera sanción se relaciona con casos atribuidos al ex secretariado de las antiguas Farc, por la toma de rehenes y otras graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en cautiverio, como violencia sexual, desapariciones, torturas y malos tratos.
En lo que respecta a los casos de ejecuciones extrajudiciales señaló Ramelli que esta sentencia se relaciona con 12 máximos responsables del Batallón La Popa en Valledupar por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Destacó en que en esta sentencia que se dará en los próximos días, el país no verá a los máximos responsables de las Farc ir a centro de reclusión, debido que la JEP implementa un modelo de justicia restaurativa.
La relevancia de las voces de las víctimas
La magistrada auxiliar Diana Vega enfatizó que el modelo de justicia de la JEP es dialógico, a diferencia del sistema penal ordinario, donde las víctimas a menudo no son el centro del proceso.
“Es el diálogo el que nos va a llevar a la justicia. No es la cultura de la cancelación del otro, del castigo, del punitivismo; lo que conocemos en la justicia penal ordinaria, es el castigo y ya. En la justicia penal ordinaria las víctimas no tienen un protagonismo, no tienen una centralidad. En la justicia penal ordinaria las víctimas cuando quieren que el juez se escuche tienen que a veces hablar a través de la representación que hace la Fiscalía”.
En este modelo, el diálogo es fundamental para alcanzar la justicia. Los relatos de las víctimas y de los comparecientes influyen enormemente en las decisiones judiciales, ya que todas las voces merecen ser escuchadas.
“Un diálogo porque todas las voces merecen ser escuchadas, escuchamos también la voz de un compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz, porque eso hacemos en la jurisdicción, tenemos que escuchar todos los puntos de vista de lo que pasó durante el conflicto armado en Colombia. La guerra es desastrosa, y que tenemos que lograr como colombianos detener, parar, frenar esa guerra y pasar la página hacia la paz”.
La magistrada destacó que los relatos de los excombatientes no se archivan, sino que se convierten en un «suministro para un diálogo» que llega a las víctimas, quienes pueden participar en las audiencias.
“Ese relato hace un tránsito, hace un proceso. Ese relato debe llegar a las víctimas y las víctimas pueden escucharlo, pueden participar en la que no están obligadas, también pueden no querer participar. Pero es un relato que es un camino, es un suministro a un diálogo, y por eso los relatos son tan importantes, no solo escritos en un libro, y también ser escuchados en las audiencias. Cuánta falta nos hace escucharnos, y creo que, si incrementamos el diálogo y la conversación en la sociedad, podemos prevenir hechos de violencia, pero la idea no es negar el conflicto; pero hay que saber transitar ese conflicto respetando al otro”.
Vega subrayó la necesidad de la articulación con otras entidades, especialmente con las gobernaciones y alcaldías, para lograr la paz y asegurar que las víctimas vean sus derechos restablecidos, “Si bien algunos daños son irreparables, el objetivo es aliviar el dolor de las víctimas y buscar formas de reparación”.
Subrayó que hay muchas entidades trabajando el pro de la paz, no es solamente la Jurisdicción Especial para la Paz, y que dependen de la articulación con las alcaldías y gobernaciones que también están muy comprometidas con estos temas, unas más que otras, pero lo ideal es que todas las entidades territoriales acudan, en conjunto con todo el Estado, en general, a lo que se está haciendo para poder desarrollar esos proyectos que se necesitan para que las víctimas vean restablecidos sus derechos, tengan algo de reparación.
Una iniciativa destacada en el departamento del Huila, anunció la magistrada es la creación de una Casa de la Memoria o museo del conflicto armado en el Huila, una idea que surgió de las propias víctimas.
“Esperamos que eso se logre, estamos trabajando por eso, tratando de articularnos no solo con las entidades territoriales, sino con todas las instituciones involucradas para que esto resulte, pero se espera que se pueda lograr”.
El rol de los excombatientes
Hernando Tangarife, un firmante de paz, compartió su experiencia personal, reconociendo las dificultades de enfrentar a las víctimas.
“Tenía miedo y estaba renuente a participar en este espacio porque dije, «¿Cómo será el encontrarme con víctimas?» Porque nosotros veníamos en un proceso de paz y dijimos, «Sí, vamos a participar.» Pero ya cuando toca de esta forma exige mucho más compromiso y al comienzo las víctimas estaban muy renuentes y muchas contradicciones, pero luego de empezar a hacer trabajo que se había ido preparando muy positivamente por la organización que estaba al frente de todo ello”.
Tangarife explicó que el proceso de trabajo con las víctimas, iniciado a través de un TOAR, le permitió encontrar «confluencias» en lugar de «contradicciones».
Él resaltó que tanto los firmantes como la sociedad colombiana provienen en su mayoría de clases populares y que, de una u otra manera, «casi todos hemos sido víctimas». Esta perspectiva los ha llevado a replantearse sus errores y a buscar una reconciliación efectiva.
“Porque en Colombia así las Farc haya generado mucho daño en Colombia firmantes y el resto de sociedad, somos gente de clases populares, de la clase obrera, y casi todos hemos sido víctimas de una u otra forma. Por eso encontramos cantidad de confluencias y se junta una cosa que a mí me ha hecho como firmante, no ganarme la empatía de algunos de los camaradas que siguen dirigiendo, pero que no tienen la capacidad de entender lo que sí hemos entendido muchos de los de base”.
Dijo el firmante de paz, que debieron replantearse y decir, «Hermanos, empecemos a corregir un montón de errores que hemos tenido.» ¿Y por dónde empezamos? Pues empezar a encontrar confluencias con las víctimas y mirar de qué forma más efectiva se va haciendo ese proceso de reparación y de reconciliación. Y es lo que nos ha llevado a nosotros y por qué aportemos también nuestro testimonio de vida que, aunque no sea grande, sí puede dar elementos para que otros que quieran seguir la vía armada realmente la entiendan y corrijan errores a tiempo antes de que se siga haciendo un daño mucho más grande del que ya se hizo”.
Victimas piden reparación
Por su parte, Ángela Cordón vocera de las víctimas en el Huila, se refirió a las expectativas de las organizaciones sociales y familias acreditadas en el Macrocaso 01, enfatizando la importancia de que las propuestas e iniciativas de las víctimas sean consideradas en la implementación de trabajos y obras con contenido reparador.
Agregó que se busca que las sanciones impuestas por el Tribunal de Paz sean validadas por las víctimas del conflicto armado, especialmente aquellas en el Macrocaso 01, y que estas propuestas surjan de las bases para garantizar la restitución de sus derechos.
“Esperamos que esta implementación de los trabajos y obras y acciones con contenido reparador y restaurador sean tenidas en cuenta todas las propuestas e iniciativas que hemos presentado de manera oficial a la Jurisdicción, que el Tribunal de Paz al imponer sanciones a estos comparecientes del Macrocaso 01 sean sanciones que sean avaladas por las víctimas del conflicto armado y en especial las que se encuentran acreditadas”.
Una sugerencia específica es la creación de una Casa de la Memoria Histórica en el departamento de Huila, concebida como un espacio para la recopilación de historias y el recuerdo de los desaparecidos, funcionando como una «Casa de Memoria Viva».
Finalmente, la vocera reiteró la necesidad de que las iniciativas provengan de quienes sufrieron el conflicto y sean aprobadas por aquellos comprometidos con la construcción de paz en el territorio.
“Lo que enfatizamos y creemos que sean iniciativas que surjan desde las de las de las personas que sufrimos el conflicto armado, y que lo más importante sean avaladas por quienes hoy estamos aquí apostando en la construcción de paz en el territorio”.
Las Vidas que Somos
A través de imágenes y relatos, ‘Las vidas que somos’ rompe las barreras que nos separan de la realidad del conflicto.
Este libro es un acercamiento a la compresión de los restos, dilemas y transformaciones que han asumido y experimentado siete víctimas del conflicto armado, seis firmantes de paz y dos comparecientes de la fuerza pública en las localidades de Usme, Kennedy y Ciudad Bolívar.
Y esas transformaciones están directamente ligadas al desarrollo de la Ruta de Trabajos, Obras y Actividades Reparadoras y Restauradoras –Ruta TOAR, construida conjuntamente entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Alcaldía Mayor de Bogotá entre los años 2020 y 2023.
