Un grupo de al menos 35 contratistas que participaron en el proyecto de actualización catastral en Neiva denuncian demoras significativas en el pago de sus honorarios, los cuales están pendientes desde los meses de mayo y junio de este año. Los afectados trabajaron en labores clave como reconocimiento predial y control de calidad, pero aseguran que no han recibido una remuneración adecuada por sus servicios.
DIARIO DEL HUILA, NEIVA
POR: ALEJANDRO POLANCO
Alejandro Herrera, vocero de un grupo 35 contratistas vinculados al proceso catastral, en dialogo con el Diario del Huila denunció las dificultades que enfrentan debido a la falta de pago por los trabajos realizados. Este conflicto involucra a varias entidades, incluidas la empresa RVC Group S.A.S., subcontratada por la Empresa de Servicios y Alumbrado Público (ESIP), y la Alcaldía de Neiva, que ha tenido un papel indirecto como gestora del proceso catastral.
El origen del problema
Los contratistas fueron subcontratados por RVC Group para trabajar en la actualización catastral de Neiva. Este proceso, que comenzó en enero de 2024, se encargó de hacer un levantamiento de la información catastral de la ciudad. Según Herrera, los contratistas desempeñaron tareas como reconocimiento predial y control de calidad, actividades esenciales para la correcta actualización de los datos catastrales. Sin embargo, desde mayo y junio, los pagos por sus servicios no se han realizado, afectando gravemente a los trabajadores, que en su mayoría son personas de otras regiones del país, como la Costa Atlántica, Bogotá, Ibagué y Cali.
«El trabajo que realizamos estaba claramente estipulado en los contratos de prestación de servicios, pero hasta la fecha no hemos recibido el pago. Algunas personas ya llevan seis meses sin cobrar lo que se les debe», comentó Herrera, quien también explicó que se había solicitado el pago mediante derechos de petición, pero que hasta ahora no han recibido una respuesta clara de las entidades involucradas.
El conflicto ha llegado a tal punto que muchos han recurrido a los derechos de petición, una herramienta legal que permite a los ciudadanos solicitar respuestas a las autoridades sobre situaciones específicas. Sin embargo, según Herrera, la respuesta ha sido insuficiente y no ha habido avances en la solución del problema. «Los pagos no se han hecho, y la respuesta de las entidades encargadas ha sido nula”.
La situación es aún más complicada porque, según el vocero, algunas personas que estaban vinculadas directamente con la ESIP y RVC Group como empleados de nómina han recibido sus pagos, mientras que los contratistas, que trabajaban bajo contratos de prestación de servicios, siguen esperando. Esta disparidad ha generado una sensación de inequidad entre los trabajadores, quienes exigen que se cumpla con lo pactado en sus contratos.
El papel de la ESIP
El concejal de Neiva Johan Steed Ortiz, quien se ha mostrado preocupado por la situación afirmo que la falta de pagos afecta no solo a los trabajadores, sino también a la reputación de las entidades involucradas, como la ESIP y el municipio de Neiva, que tiene una participación directa en el proceso catastral.
«La situación es insostenible. Las autoridades deben intervenir para garantizar que los contratistas reciban lo que les corresponde», manifestó Steed. Según el concejal, los contratistas han realizado el trabajo estipulado en sus contratos, y la falta de pago no solo afecta su economía, sino que también pone en riesgo la transparencia y la eficacia del proceso catastral. «La ESIP no puede eludir su responsabilidad de garantizar que todos los contratistas reciban su pago por los trabajos realizados», señaló.
El conflicto también ha puesto en evidencia las dificultades de gestión mientras la Alcaldía de Neiva actúa como la gestora catastral, la contratación con la ESIP y la posterior subcontratación con RVC Group ha complicado la claridad sobre las responsabilidades y la rendición de cuentas. «Cuando hay subcontrataciones, es más difícil determinar quién es responsable en última instancia. En este caso, la Alcaldía de Neiva, a través de la ESIP, debe asumir la responsabilidad de los pagos pendientes», expresó el concejal.
La falta de comunicación por parte de las entidades involucradas ha sido otro de los factores que ha intensificado el malestar de los contratistas. «La Alcaldía de Neiva no ha dado ninguna respuesta clara. Tampoco la ESIP ni RVC Group. La información sobre los pagos y el avance del proceso es escasa», explicó Herrera, quien agregó que la mayoría de los contratistas que trabajaron en el proceso catastral no son residentes de Neiva, lo que hace aún más difícil que puedan hacer seguimiento a la situación.
En cuanto al proceso catastral, Herrera y otros contratistas explicaron que las labores se suspendieron temporalmente a raíz de una medida cautelar del Tribunal administrativo del Huila, que paralizó el proceso de actualización catastral. Sin embargo, la suspensión no justifica que los pagos no se hayan realizado, ya que las labores de campo fueron realizadas antes de la medida cautelar y los contratistas estaban a la espera de la liquidación de sus honorarios.
Las denuncias sobre posibles irregularidades
Una de las denuncias que han surgido en este contexto es la presunta relación entre la ESIP, RVC Group y una figura empresarial polémica, identificada como «El Turco Hilsaca», quien supuestamente sería uno de los propietarios de las empresas involucradas. Esta denuncia ha sido respaldada por el concejal Steed, quien expresó que las investigaciones apuntan a que tanto la ESIP como RVC Group forman parte de una red empresarial bajo la misma propiedad.
«Es alarmante que la Alcaldía de Neiva no asuma su responsabilidad en esta situación, especialmente cuando la ESIP, que depende de la administración municipal, se ve involucrada en la contratación de RVC Group, una empresa con antecedentes cuestionables», afirmó el cabildante.
El conflicto también resalta una serie de debilidades en la gestión de los contratos públicos en Neiva, donde la falta de claridad en las subcontrataciones y la falta de supervisión han permitido que se presenten situaciones como la descrita. Los contratistas esperan que las autoridades locales tomen cartas en el asunto y resuelvan esta situación lo antes posible, no solo para garantizar el pago de los trabajadores, sino también para mejorar la transparencia y la eficiencia en los procesos futuros.
Un futuro incierto
Por el momento, los contratistas se mantienen organizados en un grupo de WhatsApp, donde se comparten información de los avances o comunicaciones que tenga con la empresa en mención. A pesar de las promesas y compromisos de pago por parte de los responsables, aún no se ha resuelto la situación. De no obtener una solución rápida, los contratistas podrían tomar medidas legales, lo que generaría aún más tensión entre las partes involucradas.
La situación de los contratistas catastrales de Neiva es un claro reflejo de las dificultades que enfrentan los trabajadores en Colombia cuando los procesos administrativos no se manejan de manera adecuada. Este conflicto no solo afecta a los contratistas, sino también la imagen de las instituciones responsables, que deberán rendir cuentas sobre sus decisiones y garantizar que se respeten los derechos laborales de todos los involucrados.
