La Contraloría General de la República prendió las alarmas sobre la situación financiera y administrativa de la Nueva EPS, tras un operativo de policía judicial adelantado en julio de 2025. El organismo detectó graves irregularidades en anticipos, facturación, cuentas por pagar y reservas técnicas, que comprometen la sostenibilidad de la entidad y la prestación de servicios de salud a millones de colombianos.
Anticipos no legalizados ponen en jaque la liquidez
El informe preliminar reveló que los anticipos pendientes por legalizar pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, un aumento del 155 %. La tendencia continuó en 2025: solo en el primer semestre ya se acumulan $15,27 billones, lo que eleva el riesgo de detrimento patrimonial. Entre estos se cuentan recursos superiores a $143 mil millones sin legalizar por más de dos años.
Facturas represadas y registros repetidos
La EPS reporta 22,7 millones de facturas pendientes por procesar, que suman $22,1 billones. Sin embargo, la Contraloría identificó que 9,1 millones eran registros repetidos, lo que reduce el valor real a $13,2 billones. El 97 % de esas obligaciones corresponden a 2024 y el primer semestre de 2025 y no han sido auditadas, lo que genera inconsistencias financieras y riesgos de corrupción.
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Un dato adicional preocupa: en solo 36 prestadores de salud se concentra el 40 % de los valores pendientes, equivalentes a $5,2 billones.
Contratos sin soporte y cuentas por pagar en aumento
El organismo de control advirtió que la EPS no presentó documentación completa de varios contratos, incumpliendo los requisitos mínimos exigidos por la norma. Al mismo tiempo, las cuentas por pagar llegaron a $21,37 billones en marzo de 2025, cifra que pone en entredicho la sostenibilidad financiera de la entidad, que cubre al 22 % de la población afiliada al sistema de salud.
Reservas técnicas insuficientes
Con corte a diciembre de 2024, se detectó una subestimación de $11,1 billones en las reservas técnicas y falta de soportes de autorizaciones y facturas, lo que implica riesgos de liquidez adicionales.
Posibles responsabilidades fiscales y penales
La Contraloría concluyó que la Nueva EPS enfrenta un deterioro progresivo pese a la intervención de la Superintendencia de Salud. La información será trasladada a la Delegada para el Sector Salud, que deberá definir si se configura responsabilidad fiscal. Además, el caso podría tener alcances disciplinarios y penales.
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