Graves fallas en la supervisión y ejecución del convenio para vigilancia aérea en zonas estratégicas generaron un presunto detrimento patrimonial
La Contraloría General de la República estableció un hallazgo fiscal por $8.954 millones tras una auditoría financiera realizada al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) durante el primer semestre de 2025.
El detrimento se relaciona con la pérdida de dos drones adquiridos mediante el Convenio 483 de 2021, cuyo objetivo era fortalecer la observación, vigilancia y reconocimiento aéreo y espacial en las Zonas Estratégicas de Intervención (ZEII), sin que dicho propósito se cumpliera.
El convenio fue suscrito entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz), adscrito al DAPRE, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC).
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Según el informe de la Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras, se evidenciaron serias irregularidades en la administración y supervisión de los recursos públicos. Entre los hallazgos más relevantes se encuentran:
- Seis prórrogas contractuales en tiempo (por 4 años) y valor (más de $33.000 millones), sin justificación técnica documentada.
- Ausencia de pólizas de seguro: no se exigieron garantías a la CIAC ni se aseguraron los drones por parte de la FAC.
- Inconsistencias entre informes de supervisión y actas del comité técnico, que omitieron considerar datos relevantes suministrados por la FAC.
- Falta de acción frente a incidentes técnicos graves: pese al siniestro de los dos primeros drones, se dio inicio a una segunda fase del convenio sin solucionar los problemas existentes ni obtener información de las ZEII.
Además, la Contraloría advierte que el Fondo Paz no exigió garantías en la fase II, y la FAC tampoco aseguró los nuevos bienes, lo que representa un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos.
En total, se destinaron $38.868 millones para la compra de los drones, sin que se lograran resultados concretos. A la fecha del cierre de la auditoría, los nuevos drones aún no habían sido entregados por el proveedor, lo que agrava la afectación al interés general.
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